Según el comunicado oficial, el Ministerio remitirá el documento al presidente Santiago Peña, quien a su vez lo enviará a la Cámara de Diputados para los trámites correspondientes conforme a la normativa vigente.

En su informe, Ramírez asegura que durante el período de intervención se detectaron diversas irregularidades en la administración local, como la existencia de una recaudación paralela por unos 75 millones de guaraníes, y una presunta malversación de 29.000 millones de guaraníes, que según él habrían sido destinados a gastos corrientes, transferencias y cancelación de deudas.

El interventor también afirmó que se encontraron problemas administrativos, como el incumplimiento en la entrega de documentación solicitada —solo se entregó un 72 % de los archivos requeridos— lo cual, a su criterio, indicaría prácticas sistemáticas y un desorden institucional.

Entre las medidas que dijo haber implementado durante la intervención, Ramírez mencionó la normalización del pago de salarios (que solo habían cobrado el 40 % de los funcionarios al inicio), la reinstauración del seguro médico, la incorporación de controles biométricos de asistencia y la evaluación periódica de cargos directivos para mejorar la operatividad administrativa.