El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron el 30 de noviembre la plataforma Control Ciudadano, la cual reúne información pública de distintos sitios oficiales del gobierno de Paraguay.

La plataforma permite visualizar y cruzar información de los funcionarios públicos paraguayos, como datos de compras realizadas durante la pandemia COVID-19, reportes sobre autoridades electas, la relación de proveedores del Estado con datos de contacto y declaraciones juradas publicadas por la Contraloría.

En la actualidad, el acceso a las declaraciones juradas, mecanismo en el cual los funcionarios públicos reportan sus ingresos y bienes, es posible gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que estas deben de ser públicas en los casos de funcionarios que ocuparon cargos entre 1998 y 2017. Este proceso judicial fue iniciado por petición del periodista Juan Carlos Lezcano, del portal ABC Color.

Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) del 2020, Paraguay es uno de los peores países de la región al enfrentar este problema. Algunas de las causas son la falta de independencia judicial, los malos manejos en el financiamiento de campañas políticas y a la negligencia en algunos procesos legislativos, así como por la penetración del crimen organizado en varias esferas del Estado.

En ese mismo informe se destaca la participación de la sociedad civil paraguaya en su ejercicio de control ciudadano.