Según la legisladora, el mandatario mantiene deudas significativas, entre ellas USD 500.000 con la constructora de su vivienda en San Bernardino y otra con el Banco UENO, mientras declara un ingreso mensual de 37 millones de guaraníes.

“¿Cómo va a pagar su deuda?”, se preguntó Paredes, subrayando la incongruencia financiera entre los montos de las deudas y sus ingresos declarados.

La senadora insistió en que la investigación debe continuar en el ámbito penal, y que cualquier intento de minimizar o desestimar la denuncia sería peligroso para la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Este cuestionamiento se da en medio de un debate político que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mayor control y supervisión de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, así como la responsabilidad de las autoridades en garantizar que los procesos judiciales se desarrollen sin interferencias políticas