La iniciativa fue impulsada por el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa) y encomienda a los organismos del Estado el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Agrario, específicamente en el artículo 25, que obliga al Gobierno a intervenir en la relación entre productor y acopiador para garantizar una comercialización justa.

De acuerdo con los productores, actualmente el kilo de hoja verde puesto en secadero se paga a G. 1.200. Sin embargo, de ese monto, G. 200 se destinan al flete y G. 300 a la tarefa, dejando apenas G. 600 por kilo al productor.

En contrapartida, señalan que la yerba canchada se comercializa a G. 6.000 el kilo, una diferencia que, según sostienen, refleja el fuerte poder de las grandes empresas en la fijación de precios.

La exposición de motivos del proyecto refiere además que productores nucleados en la Federación de Productores Yerbateros del Nordeste de Itapúa (FEPYN) advierten que esta situación está llevando a muchos trabajadores del sector a arrancar sus plantaciones de yerba mate para dar paso al avance de la soja transgénica.

Asimismo, remarcan que el reclamo no apunta a que el Gobierno Nacional establezca precios, sino a que cumpla su rol de intermediación previsto en la ley, además de impulsar la reglamentación de la industria yerbatera y aprobar normativas específicas que protejan a productores y trabajadores del rubro.

El documento aprobado declara en emergencia nacional la situación de los pequeños productores de yerba mate, considerando que se trata de un producto emblemático y fundamental para el país, y exhorta a las instituciones del Estado a hacer cumplir la Ley del Estatuto Agrario.