La víctima es Paola Núñez, quien había entregado dinero al acusado, a cambio de que su esposa revoque el arresto domiciliario y envíe a prisión, a la expareja de la mujer en un caso de violencia familiar. El procesado fue detenido en 2023 en operativo encubierto con parte del monto exigido en su poder.

La defensa de González Ledesma había solicitado la suspensión de la audiencia alegando razones médicas. Como respaldo, presentó un certificado expedido por el doctor Víctor Salinas, del Servicio de Hematología del Instituto de Previsión Social (IPS), en el que se recomendaba un reposo de tres días para el paciente. El documento, fechado el 2 de abril de 2025, contaba con el visado correspondiente, pero no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa judicial vigente, según se desprende del considerando de la resolución.

El juez González observó que el certificado médico carece de la indicación del diagnóstico patológico, elemento esencial para validar la razón médica invocada. Asimismo, la defensa no denunció el domicilio donde el imputado cumpliría con el reposo, otro requisito fundamental dispuesto por la Acordada N.º 1283/18 de la Corte Suprema de Justicia, que regula la presentación de reposos médicos en procesos penales. Esta normativa busca garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los actos procesales, permitiendo incluso la verificación por parte de médicos forenses si fuese necesario.

Ante el incumplimiento de estos aspectos formales, el juzgado tuvo por no justificada la incomparecencia del acusado y, en consecuencia, resolvió declarar su rebeldía procesal. El artículo 82 del CPP establece que será declarado rebelde el imputado que no comparezca a una citación sin justificación válida, se fugue del lugar de detención, desobedezca una orden de aprehensión o se ausente sin informar su domicilio. Por su parte, los artículos 83 y 136 disponen que la rebeldía interrumpe el plazo de duración del procedimiento, mientras que el Código Penal, en sus artículos 103 y 104, señala que también se interrumpe y suspende el cómputo del plazo de prescripción.

Antecedentes del caso

Farid Gustavo González Ledesma, declarado recientemente en rebeldía, fue detenido el 4 de agosto de 2023 en el marco de un operativo encubierto, tras supuestamente haber recibido la suma de 13.800.000 guaraníes. El dinero habría sido entregado como parte de un presunto pedido de coima a cambio de influencias en decisiones judiciales vinculadas a una causa penal tramitada en el juzgado de la magistrada Norma Salomón, jueza de Capiatá y pareja del abogado.

De acuerdo a la imputación fiscal, los hechos se remontan al 7 de julio de 2023, cuando la víctima, Paola Núñez, fue convocada al estudio jurídico del abogado José De Vaca, ubicado en cercanías del Palacio de Justicia de Asunción. Allí, De Vaca le habría informado que mantenía contacto con Farid González y que, a cambio de dinero, podía interceder para lograr que su expareja, imputado en una causa por violencia familiar, fuera privado de libertad mediante una medida de prisión preventiva.

La denuncia señala que el 17 de julio, la víctima mantuvo una conversación telefónica con González, quien le exigió inicialmente 20 millones de guaraníes. Luego la citó al día siguiente en un conocido centro comercial de San Lorenzo. Durante esa reunión, González se habría identificado como abogado y esposo de la jueza Norma Salomón, y aumentó la exigencia a 30 millones de guaraníes, advirtiéndole que, si no accedía al pago, el Tribunal de Apelación beneficiaría a su expareja con una medida más leve. Incluso le aseguró que su esposa ya le había otorgado medidas favorables previamente.

Las comunicaciones entre González y la denunciante continuaron en los días siguientes. En una de esas conversaciones, el abogado habría elevado el tono de las amenazas, afirmando que, si no cumplía con el pago, su vida e integridad física estarían en riesgo. Frente a la insistencia, la víctima expresó que reunir ese monto le resultaba difícil, pero intentaría conseguirlo. Finalmente, el acusado fijó el 4 de agosto como fecha límite para la entrega del dinero, en un lugar público.

Como consecuencia de estos hechos, y tras la detención de González, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría de gestión al juzgado de la magistrada Norma Salomón. Según informó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la investigación incluyó el análisis de 244 expedientes entre 2021 y 2023, y reveló varias irregularidades.

La auditoría culminó con una recomendación formal para remitir a la Superintendencia General de Justicia las actuaciones no solo de Salomón, sino también de actuarias judiciales y una ujier notificadora. Sin embargo, todo habría quedado en la nada, teniendo en cuenta que la magistrada continua en el cargo.

El Observador