El planteamiento fue presentado por los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, coordinados por el abogado uruguayo Santiago Moratorio, y busca que la Justicia estadounidense ordene la liberación de los activos retenidos.

Según el escrito, las cuentas estaban bajo el control de Tether, empresa con sede en El Salvador. La defensa sostiene que un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) obtuvo una orden de incautación el 23 de abril utilizando como fundamento la investigación de un supuesto delito de narcoterrorismo, pese a que, en ese momento, la acusación de la Fiscalía contra Marset estaba relacionada con una presunta conspiración para el lavado de activos.

Los abogados sostienen que esa diferencia constituye una falla sustancial y no un simple error técnico, porque la causa probable utilizada para obtener la orden no estaría vinculada con el delito que se investigaba formalmente.

En la moción, la defensa cita la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece límites para registros e incautaciones y exige que las órdenes judiciales estén sustentadas en una causa probable. Según los abogados, para incautar las cuentas era necesario demostrar tanto que Marset había cometido un delito que permitiera el decomiso como que los bienes retenidos tenían una conexión con ese delito.

La defensa también cuestiona el alcance territorial de la orden. Afirma que el documento presentado al juez no especificaba dónde estaban ubicadas las cuentas ni justificaba por qué la Justicia estadounidense podía intervenir sobre activos controlados por una empresa con sede en El Salvador.

“La orden de incautación no contiene referencia alguna a la ubicación de las cuentas de criptomonedas”, sostiene el escrito citado por el medio uruguayo La Diaria. Los abogados agregan que la solicitud tampoco habría señalado que los servidores de Tether estuvieran en el Distrito Este de Virginia o en Estados Unidos.

En ese punto, la defensa invoca la Regla 41 de las normas federales de procedimiento penal de Estados Unidos, que establece límites a la jurisdicción territorial para las órdenes de registro e incautación, aunque contempla determinadas excepciones, entre ellas investigaciones vinculadas con terrorismo.

La defensa considera que ninguna de esas excepciones fue debidamente justificada en la solicitud presentada ante el tribunal.

Mientras cuestionan la incautación, los abogados estadounidenses de Marset también hacen referencia a los argumentos utilizados por los agentes para describir la investigación. En esos documentos, las autoridades lo identifican como un presunto narcotraficante transnacional y líder de una organización dedicada al envío de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Los agentes también vinculan a Marset con el uruguayo Federico Santoro Vasallo, a quien describen como un presunto operador encargado de lavar dinero para la organización y de facilitar el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico entre distintos países.

La defensa, sin embargo, remarca que ese informe no menciona actividades terroristas ni actos de terrorismo, pese a que ese fue, según su argumento, el delito utilizado para sustentar la orden de incautación.

El pedido de la defensa será ahora analizado por la Justicia estadounidense, que deberá determinar si la orden cumplió con los requisitos legales para incautar los activos y si existía fundamento suficiente para ejercer jurisdicción sobre cuentas de criptomonedas radicadas fuera de Estados Unidos.