La realización de la preliminar es clave para definir si el congresista será juzgado o no en un juicio oral y público. Las fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero los acusaron, tras concluir que este utilizó documentos de contenido falso para obtener su matrícula de abogado y convertirse en juez de jueces, representando al Congreso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En la solicitud de suspensión de la audiencia, los abogados Cristóbal y Álvaro Cáceres indican que, pese a la autorización del juzgado, todavía no se cuentan con las fotocopias íntegras de la carpeta fiscal, el expediente judicial y todos los elementos de pruebas, los soportes magnéticos acompañados con el escrito de acusación por el Ministerio Público.

«Esta defensa técnica primero necesita de un plazo prudencial para la preparación de la estrategia a esgrimirse en oportunidad de la audiencia preliminar conforme lo dispone el Art. 17 inc. 7° de la Constitución Nacional; y segundo dada a la cantidad de documentos y elementos de prueba remitidos con el escrito de acusación en la carpeta fiscal será imposible de evaluar los mismos tan poco y escaso tiempo», reza parte del escrito.

La decisión de postergar o no la audiencia estará a cargo del juez de garantías, Miguel Palacios. En cuanto a la acusación fiscal, se menciona que el parlamentario usó en al menos 3 oportunidades un certificado de estudios y un título de Derecho de la universidad Sudamericana, ambos legales pero con contenido apócrifo.

Primero, en julio del 2020 logró ser designado por la Cámara de Diputados como representante ante Jurado. Luego, en julio del 2021 para obtener su matrícula y jurar ante la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, en julio del 2023 nuevamente para ingresar al jurado de Enjuiciamiento como representante del Senado.

Además de dejar en evidencia que Rivas no cursó la carrera de Derecho, la acusación resalta una serie de inconsistencias. Por ejemplo, se especifica que Rivas asistió a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanidades de la sede de Luque, sin embargo, el congresista siempre vivió en la ciudad de Tomás Romero Pereira, Dpto. de Itapúa y en un momento dado incluso declaró que cursó sus estudios en Pedro Juan Caballero

Además, se destaca como un hecho relevante que el Ministerio de Educación y Ciencias omitió realizar su labor, ya que en el certificado de estudios presentado al MEC se encontraba señalado la sede, pero no la dirección dónde estaba ubicada la misma, el departamento y el lugar de expedición del certificado.