“La voy a demandar por denuncia falsa, pues la ley de objeción de conciencia está vigente desde el 2019 y los cobros están establecidos. Además se solicitó debidamente al BNF que lo recaudado a los objetores pase primero por Hacienda y luego al presupuesto de la Defensoría del Pueblo como corresponde”, indicó.

Aclaró que no cobran de manera directa, todo va en bruto a Hacienda y luego se destina a la fuente presupuestaria que le corresponde a la institución a su cargo. Ratificó que no procedió a ninguna cobro de forma ilegal como denuncia la abogada.