La denuncia es por hechos relacionados con el título de abogado «trucho» del senador Hernán Rivas (ANR).

La denuncia refiere que resulta llamativo que el Ministerio Público haya omitido investigar a quienes participaron en la emisión y validación del cuestionado título universitario de Rivas. Agrega que Petta, como ministro de Educación, y Acevedo y Rodríguez, como autoridades académicas de la Universidad Sudamericana, además de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, con su silencio, permitieron la consumación del fraude.

Respecto a la participación del exministro del MEC, la denuncia señala que la auditoría interna ordenada por el entonces ministro Eduardo Petta, lejos de esclarecer las irregularidades en el registro del título de Rivas, terminó convalidando un documento cuya autenticidad había sido seriamente cuestionada por el Ministerio Público en una acusación.

«Esta falta de transparencia impide evaluar con rigor el grado de responsabilidad individual de quienes participaron en la elaboración del informe. Sin embargo, la apertura de una investigación penal permitiría identificar a cada uno de los funcionarios involucrados, acceder a sus antecedentes técnicos, revisar sus actuaciones específicas y determinar si incurrieron en conductas que puedan ser calificadas como típicas, antijurídicas y culpables del hecho punible denunciado u otros hechos que surjan de la investigación», expresa.

Concluye que la conducta desplegada por el exministro, al ordenar el registro oficial de un título universitario cuya falsedad había sido advertida internamente y luego encubierta mediante una auditoría irregular, constituye un indicio suficiente de responsabilidad.

Por otro lado, el escrito indica que el título del senador Hernán Rivas fue suscripto por Euclides Acevedo, en calidad de rector, y por Óscar Rodríguez Kennedy, como decano de la Facultad de Derecho. Ambos avalaron con su firma el certificado de estudios y el título de abogado, que hoy se encuentra judicialmente cuestionado y cuya autenticidad no ha podido ser respaldada por registros académicos válidos ni por constancias de cursado regular.

«La conducta atribuida a ambos funcionarios universitarios no puede ser considerada como un simple error administrativo. La emisión de un título sin respaldo académico, en beneficio de una persona que no cursó la carrera conforme a los requisitos legales, constituye una violación grave al deber funcional y habilita la persecución penal por los hechos punibles denunciados», resalta la denuncia.

Finalmente, Coapy manifiesta que la omisión investigativa no solo vulnera el principio de legalidad, sino que también deja sin respuesta a la ciudadanía sobre el verdadero alcance de lo que parece ser una estructura organizada para la fabricación de títulos falsos con fines de acceso ilegítimo a cargos públicos.