Precisamente en el marco de esta denuncia, una comitiva encabezada por el fiscal Alejandro Cardozo y agentes tanto de la División contra el Crimen Organizado como personal militar de la DIMABEL, efectuó una serie de allanamientos en busca de evidencias sobre un posible esquema de tráfico de armas.

“Surgieron indicios bastante elevados en relación a la comisión del hecho punible de tráfico de armas respecto a una casa comercial que habría estado operando en la ciudad de Pedro Juan Caballero, logramos incautar una cierta cantidad de documentos, facturas relativas a la venta de armas. La porción fáctica que estamos investigando es la venta irregular de armas de fuego porque existe un lote importante de estas armas que debían estar en el depósito de esa casa comercial que está habilitada a los fines de la comercialización”, detalló el agente.

“No obstante, de ese lote que figura en el sistema de la DIMABEL, esta casa comercial no dio salida y no dio cuenta tampoco documentalmente de a quiénes habrían vendido. Aparte de eso, tenemos informaciones que estamos profundizando respecto a que un lote importante también de estas armas habrían sido incautadas en el Brasil”, expresó.

Se estima que de un total de 3.600 armas que figuran en los registros del comercio en cuestión, 16 habrían caído en territorio brasileño, preliminarmente la casa comercial no reportó, tampoco dio de baja en el sistema integrado de la DIMABEL.

En otro momento, el fiscal comentó que aún no hay detenidos, si bien es cierto que existe una persona requerida, hasta el momento no se dieron a conocer mayores datos sobre la misma. “No obstante, se apersonaron algunos profesionales abogados que dijeron que iban a representarlo y que en las próximas horas se estaría presentando en la fiscalía para esclarecer el asunto.”

Las pesquisas se concentran ahora en la trazabilidad de las armas que son mayormente de uso civil, pistolas, rifles y escopetas en su mayoría.