“Las acusaciones y condenas por corrupción de funcionarios públicos de nivel medio y bajo se produjeron con mayor frecuencia… Los funcionarios públicos de alto rango gozaron de un alto grado de impunidad”, subraya una parte del informe.

“La politización y la corrupción generalizadas en todo el Poder Judicial, en particular en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, obstaculizan la eficacia de este y socava la confianza del público”, agrega.

Por otro lado, el documento significa que las maniobras de abogados, permite chicanas que finalmente conduce a impunidad.

“Los políticos y las personas influyentes condenados en tribunales inferiores evitaron el castigo de forma rutinaria al presentar apelaciones y mociones hasta alcanzar el plazo de prescripción o al solicitar con éxito la destitución o suspensión de los jueces y fiscales que trabajan en sus casos”, acota.

“Las oenegés y la prensa informaron sobre varios ex ministros de gobierno, intendentes, gobernadores y actuales funcionarios electos que evitaron el enjuiciamiento en el sistema de justicia, a pesar de haber sido acusados y procesados por corrupción y otros delitos”, recalca.