Según noticias locales, una investigación en curso sobre los pasos fronterizos ilegales, adelantada por las autoridades ecuatorianas y colombianas, ha dado lugar a varios decomisos de armas y explosivos destinados a la frontera entre la provincia de Carchi, norte de Ecuador, y el departamento de Nariño, en el sur de Colombia.

Las autoridades afirman que el armamento y los materiales explosivos incautados iban dirigidos a grupos armados irregulares en Colombia.

El operativo más reciente ocurrió a finales de agosto, cuando un extranjero, cuya nacionalidad no se ha revelado, fue detenido en Carchi con 10 unidades de materiales explosivos, cada uno con la potencia suficiente para destruir un vehículo. Un oficial del ejército señaló que esos materiales podrían haberse usado para la fabricación de artefactos explosivos de fabricación casera.

En otro hecho, las autoridades de la jurisdicción de Nariño, al otro lado de la frontera, incautaron cinco dispositivos explosivos, dos radios, una pistola calibre 38 y un mortero artesanal introducidos desde Ecuador. Según los servicios de inteligencia que declararon para Ecuavisa, estos explosivos estaban listos para ser detonados.

A comienzos de agosto, también fueron detenidos dos venezolanos en Otavalo, contrabandeando dinamita y materiales explosivos suficientes para provocar daños en un radio de 100 metros. Se señaló que ambos se dirigían a la ciudad fronteriza de Tulcán, en la provincia de Carchi.

En un caso más, el 21 de julio, la policía detuvo a un hombre que transportaba 119 granadas y ocho morteros en la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, oeste de Quito, la capital del país. En las insignias de los morteros se leía “lote 9067”, lo que indicaba que el armamento confiscado había sido robado al ejército. El medio informativo ecuatoriano Expreso informó que se creía que las granadas y morteros secuestrados tenían como destino la frontera norte del país.