El magistrado es el que dispone el secuestro irregular de autos y camionetas de las personas, que pese a haber pagado entre el 60 y 85 por ciento el costo total de sus rodados, los pierden gracias a un esquema criminal que hace años funciona con total impunidad. Los jueces que se prestan al secuestro ilegal de vehículos y los involucrados en la mafia de los pagarés, no pueden seguir en el cargo. La decisión está en manos de los ministros de la Corte.

Los testimonios de estas víctimas son desgarradores. Al escuchar a cada uno de ellos, se revela que los implicados en este esquema conformaron una verdadera organización criminal, que no solo habría cometido el hecho punible de estafa, prevaricato, sino también extorsión, amenaza, intento de privación ilegítima de libertad, en otros delitos que deben ser investigados.

Los relatos de las víctimas son contundentes, ya que a sus testimonios se suman como evidencias un cúmulo de documentos.

Los ministros de la Corte, Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos, Carolina Llanes, César Diesel y César Garay, tiene que actuar de inmediato. Además, es claro que ante un esquema criminal tiene que intervenir el Ministerio Público, con una auditoría no es suficiente.

En junio pasado, el Jurado blanqueó a la jueza de paz de la Encarnación, Analía Cibils, quien además de estar presuntamente implicada en la mafia de los pagarés, ordenó en forma irregular el secuestro de varios vehículos, fuera de su competencia.

La Corte tiene que actuar, no hay excusas. El Poder Judicial tiene que proteger a las víctimas y no ser cómplices de estafadores.

El Observador