La decisión se tomó luego de que se confirmaran indicios de participación en actividades proselitistas vinculadas al oficialismo, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo y su posterior destitución.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 183, documento en el que se detalla que la funcionaria habría transgredido disposiciones del reglamento interno que prohíben expresamente a los servidores públicos realizar actividades de carácter político partidario mientras ocupan cargos dentro del ente contralor.

En el mismo procedimiento administrativo también se dispuso el cese del comisionamiento de Víctor Hugo Colmán Irala, otro funcionario que, según los antecedentes analizados, estaría participando en tareas vinculadas a la campaña de un concejal alineado con el oficialismo.

Las actuaciones se iniciaron luego de que circularan imágenes y registros que mostraban a los funcionarios participando en actos partidarios, lo que motivó la intervención de las autoridades de la institución. Desde la Contraloría señalaron que los hechos investigados encuadran como faltas administrativas de segundo grado.

El caso adquiere especial relevancia debido a que el reglamento interno fue actualizado en el año 2023, incorporando disposiciones más estrictas para impedir la utilización de cargos públicos en actividades políticas. Bajo estas nuevas reglas, la institución sostiene que ya no existe margen para evitar sanciones cuando se comprueban conductas incompatibles con la función pública.