Por directivas de la Agente Fiscal Rossana Coronel, la droga fue incinerada en el lugar. Como resultado de la intervención, se logró destruir un total de 45.000 kg de marihuana, provenientes de cuatro parcelas que ocupaban 15 hectáreas. Además, se procedió a incinerar tres campamentos precarios utilizados por los grupos criminales.

Esta acción impide que las organizaciones criminales obtengan ganancias, representando un golpe económico de USD 1.350.000 en el mercado nacional y de USD 6.750.000 en el mercado extranjero.