Tras ponerse a disposición del juzgado, Cáceres deberá cumplir con dos medidas puntuales: presentarse de forma trimestral para firmar el libro de comparecencia y comunicar su salida y entrada al país.

Para la fiscalía, Cáceres habría formado parte del esquema que hizo un presunto fraude en perjuicio de los fondos de la Municipalidad con la compra de insumos durante la pandemia de la COVID-19. El presunto perjuicio patrimonial ronda los Gs. 1.830.493.000, que se habría producido por la sobrefacturación de productos que en algunos casos no se entregaron.