La fuga de dos internos del penal de máxima seguridad Martín Mendoza, en Emboscada, derivó en la detención del director de la institución, Pablo Abel González Apuril, por disposición del Ministerio Público. La investigación busca determinar si la evasión fue posible por fallas operativas o si existió una participación deliberada de funcionarios penitenciarios para facilitar la salida de los reclusos.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó la detención del funcionario y señaló que la fiscala a cargo del caso dispuso la medida para avanzar en las diligencias. La investigación analiza la hipótesis de una posible liberación de personas privadas de libertad, ante las irregularidades detectadas antes y durante la fuga.
El caso se produjo durante la madrugada del domingo, cuando Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, ambos alojados en el Módulo 7, destinado a internos de alta seguridad, consiguieron escapar del recinto penitenciario. De acuerdo con los primeros informes, cortaron dos barrotes de una ventana y utilizaron cuerdas improvisadas con sábanas y frazadas para descender las murallas internas y perimetrales.
La evasión desencadenó una intervención administrativa del establecimiento y una investigación penal que ya derivó en la detención de cuatro agentes penitenciarios. Con la captura del director, las sospechas alcanzan a la conducción del centro penitenciario, mientras continúa la búsqueda de los dos fugitivos.
Las primeras diligencias fiscales identificaron una serie de situaciones que podrían haber facilitado la fuga. La fiscala Fabiola Sosa señaló que el análisis de las imágenes del circuito cerrado y las entrevistas al personal permitieron detectar incumplimientos de los procedimientos establecidos para el módulo.
Uno de los hechos bajo investigación es la salida de un guardiacárcel por un sector no autorizado, con un bolso negro que no habría sido revisado. Según la Fiscalía, el seguimiento de ese bulto permitió encontrar varios teléfonos celulares en su interior.
También se investiga por qué las celdas de los dos internos no fueron sometidas al control correspondiente durante una requisa realizada horas antes de la evasión. La fiscala indicó que el ingreso de los agentes a esas habitaciones habría durado aproximadamente un minuto, una circunstancia que despertó sospechas sobre el cumplimiento efectivo de los protocolos.
Otro punto bajo análisis es la asignación de funcionarios al Módulo 7. Según las primeras verificaciones, varios de los agentes destinados al sector fueron designados ese mismo día y no eran los custodios habituales. La Fiscalía también cuestionó la cantidad de guardias asignados y la ausencia de vigilancia en puntos estratégicos del perímetro.
Cuatro guardiacárceles detenidos
Antes de la detención del director, el Ministerio Público ya había ordenado la captura de cuatro agentes penitenciarios presuntamente vinculados con las irregularidades.
Los funcionarios detenidos son Pedro Antonio Balbuena Gayoso, Leandro David Guzmán Maidana, Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres. Los investigadores buscan establecer qué responsabilidad tuvo cada uno en los hechos y si existieron otras personas involucradas.
La pesquisa contempla posibles hechos punibles relacionados con la liberación de presos y la eventual facilitación de elementos prohibidos dentro del establecimiento. La calificación jurídica definitiva dependerá de las evidencias reunidas y de la conducta atribuida a cada sospechoso.
La Fiscalía no descarta ampliar las investigaciones a otros funcionarios si surgen nuevos elementos que permitan determinar una eventual estructura de colaboración interna.
Investigan si hubo una fuga facilitada desde adentro
La hipótesis de una posible liberación de presos cobró fuerza tras conocerse las omisiones detectadas en los procedimientos de vigilancia. La preparación de las cuerdas, el corte de los barrotes, la falta de controles efectivos y las deficiencias en la custodia son aspectos que los investigadores consideran relevantes para reconstruir cómo se produjo la evasión.
La fiscala Sosa sostuvo que resulta difícil explicar el escape sin analizar una posible participación de terceros. Sin embargo, la responsabilidad penal de los funcionarios deberá establecerse a partir de las pruebas y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, había señalado que las anomalías detectadas podían responder tanto a negligencia como a complicidad. La investigación también busca determinar si hubo ofrecimientos económicos u otros incentivos para facilitar la fuga.
