Según Acosta, la iniciativa tiene por objeto brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes cuyo padre, madre o ambos, o la persona que ostenta la guarda, o el familiar a cargo del cuidado en los últimos 12 (doce) meses, “haya fallecido durante el estado de emergencia declarado como consecuencia de la pandemia del COVID-19; y que ante dicha circunstancia se encuentre en situación de desamparo”.

De acuerdo a datos extraoficiales, serían poco más de 100 los niños que perdieron a uno de sus dos padres, pero en muchos casos los fallecidos eran el sostén de la familia, lo que incide directamente en la calidad de vida de los grupos familiares castigados por el covid.

Así, esta normativa dispone una ayuda económica o en especie, de tal manera a garantizar el bienestar del niño, niña o adolescente en situación de desamparo.

Además, comentó Acosta, hay un dictamen para aceptar el rechazo de la Cámara de Senadores con relación al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de designar al menos un profesional licenciado en psicología en cada hospital público del país”.

En ese sentido, el texto original de Diputados planteaba la necesidad de garantizar la salud mental en nuestro país y, al mismo tiempo, brindar la posibilidad al Ministerio de Salud para la designación o contratación de un profesional psicólogo en cada hospital del país, conforme a las necesidades y los recursos disponibles.