El documento se originó en la Cámara de Senadores como respuesta a la crítica situación que enfrentan los habitantes de la región occidental luego de las intensas precipitaciones de las últimas semanas.

Estos eventos climatológicos han causado daños económicos y sociales significativos; y han impactado severamente en las familias y comunidades indígenas, especialmente, según refieren los impulsores de la normativa.

Entre los principales aspectos impactados se menciona la infraestructura vial; el comercio; la agricultura; la ganadería; así como otros rubros productivos.

Con este escenario, la comisión asesora considera imperativo abordar con celeridad esta iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional.

De hecho, el proyecto de ley formó parte del orden del día de la sesión extraordinaria realizada el pasado jueves, con amplio debate, pero sin determinación oficial aún.

Con esta propuesta se busca que el Poder Ejecutivo implemente los mecanismos más urgentes y eficaces que le confiere la Constitución Nacional, para dar respuestas concretas y ágiles.

De sancionarse la declaración de emergencia, con el respaldo de los organismos competentes, dentro del marco de la Ley N° 2.615/2005, se podrá coordinar de manera eficiente y rápida las acciones necesarias para mitigar la situación descrita, según informó el organismo asesor.