El proyecto de ley, que fue derivado a comisiones el pasado viernes, pretende ampliar los alcances del artículo 234 del Código Procesal Penal, sobre la perturbación a la paz pública.

La propuesta establece una sanción de hasta cinco años de cárcel para quienes, "desde una multitud realizara hechos violentos contra personas o cosas”.

El documento define como actos vandálicos cualquier conducta intencional que dañen la integridad física de las personas y bienes materiales. Cita como ejemplo “arrojar huevos, grafitis, daños a vehículos”, entre otros.

Este proyecto de ley ahora debe ser analizado por las comisiones legislativas de Diputados. Una vez dictaminado el texto a favor o en contra de la aprobación, los parlamentarios podrán tratar y decidir en el pleno de la Cámara Baja.

Según los fundamentos del proyecto de ley planteado por el colorado Luis Urbieta, los derechos que tiene la ciudadanía no deben ser confundidos con actos vandálicos “que no favorecen a la sociedad”.

El legislador cuestiona que se ha “hecho normal” que las conductas que destruyen bienes o atentan contra la integridad de las personas, no sean sancionadas, por la “ambigüedad que no permite actuar al Ministerio Público".

Urbieta indica que el objetivo del documento es evitar la destrucción de los bienes, espacios públicos, y para “proteger (a las personas) de los hechos motivados por el odio y el revanchismo político”.