El parlamentario liberal se refirió públicamente el pasado martes a los escrachadores que piden su pérdida de investidura por haber cometido tráfico de influencias y dijo que no tienen autoridad moral para gritarle y remató la frase señalando que su caso está en manos de la justicia y es ahí donde se debe decidir si traficó o no influencias.

Sin embargo, es el mismo Portillo quien no deja que el proceso en su contra avance plagando el caso de chicanas. Actualmente el expediente se encuentra en la Cámara de Apelación de Ciudad del Este a la espera de una definición de un incidente planteado al pedido de peritaje del teléfono celular del diputado liberal y la denunciante del caso Auda Fleitas.

La fiscala Liliana Alcaraz hizo el 19 de julio de 2018 el pedido de peritaje de los celulares y, a un año de eso, no se puede realizar la diligencia debido a las dilaciones que se presentan para retrasar esa prueba fundamental en el proceso, para demostrar que el diputado Carlos Portillo, en complicidad de la abogada Lucía Escobar, le pidieron dinero a Auda Fleitas para “arreglar” un proceso que ella tenía en los tribunales de Ciudad del Este.

Acusación

El Ministerio Público, pese a que las chicanas retrasan la realización de las diligencias, el 12 de noviembre de 2018 presentó la acusación por tráfico de influencias en contra del diputado Carlos Portillo por un presunto negociado con camaristas de Alto Paraná. Además, ya solicitó un juicio oral y público.

La audiencia preliminar, en la que se debe decidir si el caso va a juicio o no tampoco se puede hacer, ya que el expediente se encuentra cajoneado en la Cámara de Apelación.

De esta manera, Portillo va ganando tiempo en su proceso, evitando que sus colegas diputados traten su pérdida de investidura usando sus influencias políticas y a la vez evita el avance de su proceso judicial en el Este con maniobras judiciales.

Existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia que da poder a los jueces de sancionar a los abogados y procesados que litigan de mala fe. Sin embargo, en el caso de Carlos Portillo nunca se aplicó sanción alguna, tal vez sea atendiendo a que él no es un “común”.

Dos camaristas cómplices

Desde el 28 de agosto de 2018, el diputado Carlos Portillo maneja a su antojo el proceso en su contra gracias a que la Cámara de Apelación integrada por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampo y Gustavo Santander (con voto en disidencia de éste último) decidió que el proceso sea tramitado en los tribunales de Ciudad del Este. Los dos camaristas fueron cómplices para que Portillo lleve su caso al Alto Paraná, donde, desde que llegó, está cajoneado y plagado de incidentes meramente dilatorios para frenan el accionar de la fiscalía.