El Ejecutivo alegó que, en la estructura jurídica, los tratados internacionales se encuentran después de la Constitución Nacional, pero por encima de las leyes de la República; y, por lo tanto, no se pueden modificar por una decisión unilateral de cualquiera de las partes o socios.

Al modificar unilateralmente la estructura de los anexos, se autoriza a la otra parte a hacer lo mismo y se pierde el concepto esencial de entidad binacional, refería parte de la argumentación del veto.

El documento fue ampliamente debatido por el pleno y luego, en votación nominal el veto del Ejecutivo fue aceptado y enviado al archivo.