El presupuesto aprobado asciende a G. 166,32 billones (unos USD 25.754 millones), lo que representa un incremento del 11,2 % en comparación con el ejercicio fiscal 2026. Del total, G. 87,9 billones corresponden a la Administración Central y G. 78,4 billones a las entidades descentralizadas.
Uno de los principales cambios incorporados fue el ajuste de aproximadamente USD 276 millones (G. 1,78 billones), mediante recortes transversales en rubros como viáticos, pasajes, catering, alquileres y bonificaciones. La intención del Ejecutivo es redireccionar esos recursos hacia áreas sensibles como salud pública, educación e infraestructura, en el marco de una política de austeridad anunciada por Alliana al asumir la Presidencia.
Entre las modificaciones sectoriales más relevantes, Diputados aprobó para el Ministerio de Salud un incremento salarial mensual de G. 500.000 por vínculo laboral vigente, a partir de agosto, para el personal de blanco incorporado a la carrera sanitaria cuyos ingresos no superen G. 4.320.000. También se repuso el recorte previsto para el Hospital de Trauma y se reasignaron G. 250 millones para la compra de un equipo de rayos X destinado al Hospital de Minga Guazú.
En el área educativa, el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias quedó establecido en G. 12,75 billones, con previsiones para un aumento del 5 % del salario docente, creación de horas cátedra y nuevos rubros. Asimismo, se mantuvieron recursos para la educación escolar indígena. En cuanto al Ministerio de la Mujer, los legisladores resolvieron conservar la versión de la Comisión Bicameral de Presupuesto, dejando de lado el recorte del 30 % planteado inicialmente por el Ejecutivo.
El tratamiento también contempló reasignaciones para otras instituciones. Entre ellas, se aprobaron G. 15.000 millones adicionales para fortalecer la formación profesional y el equipamiento del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), además de incrementos para gobiernos departamentales y la Defensa Pública. En materia de infraestructura, se establecieron prioridades para la continuidad de obras viales, sujetas a las disponibilidades presupuestarias y los requisitos legales correspondientes.
La propuesta obtuvo 67 votos a favor y ninguno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron. Con esta decisión, el proyecto pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores, que deberá continuar el estudio de la denominada ley madre de la Nación antes de su sanción definitiva.
