El pleno deberá resolver si da curso a la interpelación impulsada por legisladores de la oposición y sectores de la disidencia colorada.

El tema llega al orden del día tras el análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que emitió dictámenes divididos. La mayoría recomendó avanzar con la interpelación tanto del presidente del IPS como del gerente de Salud, Derlis León, mientras que un sector minoritario planteó rechazar la iniciativa.

El debate se da en un contexto de fuertes críticas al funcionamiento del sistema de salud del IPS, especialmente por la falta de medicamentos esenciales en distintos servicios. El proyecto de interpelación sostiene que actualmente existen más de 170 ítems sin stock, incluyendo fármacos clave para tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas, infecciones y patologías cardiovasculares.

Los legisladores que promueven la medida sostienen que la situación no responde a una falta de recursos, sino a deficiencias en la gestión. Argumentan que la institución recibió un incremento presupuestario significativo, pero que, pese a ello, persisten las carencias y se han registrado casos graves, incluso con desenlaces fatales.

Además del desabastecimiento, el pedido apunta a esclarecer aspectos relacionados con contrataciones, licitaciones y uso de fondos dentro de la previsional, así como decisiones administrativas adoptadas desde agosto de 2023.

El respaldo a la interpelación proviene principalmente de la oposición y de sectores disidentes de la ANR, que ya adelantaron su apoyo. Sin embargo, el resultado final dependerá de la postura que adopte el bloque oficialista, cuya posición aún no está definida públicamente.

Referentes del cartismo señalaron que fijarán una línea de voto en el momento de la sesión, lo que genera incertidumbre sobre el desenlace. Incluso dentro del oficialismo existen versiones cruzadas respecto al nivel de respaldo que mantienen tanto Brítez como su equipo.

En paralelo, también avanza otro frente político contra el titular del IPS. Un proyecto impulsado por la diputada Rocío Vallejo, que plantea su destitución, ya cuenta con dictamen favorable en comisión, lo que aumenta la presión sobre su continuidad en el cargo.

Organizaciones de asegurados también se sumaron a los cuestionamientos y sostienen que la actual administración presenta serias deficiencias, por lo que consideran necesario un cambio en la conducción de la institución.

La eventual interpelación se sustenta en el artículo 193 de la Constitución y obligaría a las autoridades del IPS a comparecer ante el Congreso para responder sobre la crisis sanitaria, el manejo administrativo y el destino de los recursos públicos.

En este escenario, la votación de hoy no solo definirá si Brítez y su equipo deberán dar explicaciones, sino que también pondrá a prueba el posicionamiento político del oficialismo frente a una de las crisis más sensibles en el sistema de salud.