El argumento fiscal es que existe la presunción de que la coordinadora del colegio, así como la profesora de la víctima, infligieron también (junto a la directora) el derecho al deber del cuidado, por un lado, y cometieron obstrucción a la investigación de un hecho punible, por el otro.

Conforme los datos que dieron a conocer desde la fiscalía, hubo conocimiento del episodio, y no se generó una reacción proporcional a la gravedad del mismo.

El protocolo para estos casos, es que el informe de la institución educativa debe remitirse al MEC en un plazo no mayor de 72 horas. El crimen se cometió el 26 de abril e iba hacia mas silencio, si no era denunciada públicamente por la progenitora del chicho atacado.

Se ordenó que las tres mujeres sean remitidas a la Comisaría 7 de Ñemby donde pasarán la noche y mañana se someteran a la audiencia de imposición de medidas.