El documento detalla que la amenaza fue comunicada a través de una fuente humana cerrada y formalizada el 31 de marzo de 2026 ante la Dirección de Gabinete Ejecutivo. Tras el análisis de la situación, la Dirección del Programa de Protección a Testigos y Víctimas evaluó el riesgo y dispuso medidas urgentes, entre ellas la asignación de custodia personal para la fiscala.

En una nota elevada al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la fiscala Sánchez advirtió que su continuidad en el cargo podría verse afectada si avanzaba con la apelación. A pesar de ello, junto con la fiscala Luz Guerrero, presentó el recurso de casación ante la Corte Suprema, sosteniendo la acusación por producción mediata y uso de documento público de contenido falso.

El caso tomó mayor dimensión tras la publicación del documento por un medio especializado, lo que motivó al Senado a aprobar un pedido de informe dirigido al fiscal general para conocer los antecedentes del hecho y las acciones adoptadas por la institución.

Por su parte, Sánchez confirmó públicamente que el nombre del senador figura en la comunicación remitida a la máxima autoridad del Ministerio Público.