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JUDICIALES / 2021-06-11 / Visitas: 631
Dos abogados y dos comerciantes imputados por varios hechos punibles
Una denuncia ingresada al Ministerio Público el 10 de marzo de 2016 para su investigación ante la unidad penal ordinaria, hoy a cargo de la fiscal Hermenegilda Cubilla de Muñoz, resultó en la imputación de dos comerciantes y dos abogados, presuntos implicados en hechos de estafa, apropiación y extorsión, que provocaron un perjuicio económico de USD 280.000. A Enrique Kakazu, de 62 años, se le atribuye preliminarmente el hecho de estafa; a María Nunila López de Araujo, de 56, ambos comerciantes, la misma tipificación; mientras tanto, al abogado Julio César Benítez Viedman, de 56 años, se le culpa el hecho de apropiación y al también abogado Sergio Alberto Ayala Garcete, la tipificación penal de extorsión, según los resultados primarios de la investigación que fue “encajonada” por más de cinco años en la unidad fiscal.

En el fondo de la cuestión, el denunciante, Julio Sergio García, dijo que el 17 de junio de 2011 habría comprad, contrato privado mediante, de Jorge Kakazu una propiedad de 20 hectáreas en el distrito de Minga Guazú por la suma de USD 280.000 dólares, abonando en efectivo y al momento de la firma, el monto de USD 120.000. Aclaró que firmó pagarés por 160 mil de la moneda americana, que fue cancelado el 11 de marzo de 2013, iniciando en ese momento, los trámites para la transferencia del inmueble individualizado como lote 7, manzana 14, matrícula K13/8357. También señaló en la escribanía que Kakazu no le devolvió el pagaré de 160 mil dólares que había firmado y cumplido en tiempo y forma por parte de García.

Ya el 25 de junio de 2014, el comprador y denunciante recibieron una notificación de juicio ejecutivo por la suma de USDE 177.500, en los cuales Enrique Kakazu le endosó los pagarés a María Nunila López de Araujo, quien promovió un juicio ejecutivo contra García, por el pagaré ya abonado. En el trascurso del juicio ejecutivo, ante los gastos ocasionados, se inició una convocatoria de acreedores el 6 de setiembre de 2015, admitida por el juez civil y comercial Mario Aguayo. Allí se presentó el abogado Benítez Viedman reclamando la suma de USD 10.000, mientras su colega Ayala Garcete, lo hizo por el monto de UDS 77.500 en concepto de honorarios por el juicio ejecutivo promovido por López de Araujo, quien, a su vez, reclamó los USD 177.500, totalizando 265.000 de la moneda americana.

El perjuicio que los timadores le ocasionaron al denunciante cierra en USD 280.000, monto que le estafaron, se apropiaron y lo extorsionaron los delincuentes ahora imputados. El juez Carlos Vera deberá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas a los cuatro procesados, para quienes se requirió medidas alternativas.




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