El listado forma parte del documento ledo por la delegacin argentina en Bogot y difundido en redes sociales, a manera de balance preliminar de toda la informacin recolectada en ms de 15 ciudades durante una semana por sus integrantes, representantes de organizaciones sociales y polticas argentinas.

El trabajo pide tambin que se investigue si un nmero no precisado de personas detenidas fue llevada de manera irregular a locales particulares y relata diversos casos de secuestros y abusos sexuales cometidos contra estudiantes, en su gran mayora mujeres, que ofrecieron su testimonio a la comisin.

El informe, de 13 pginas, consta de las siguientes captulos: Presentacin, El despliegue represivo del estado colombiano, Las vctimas, Rol de la institucionalidad, Acerca de los delitos cometidos, y Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misin Internacional de Solidaridad y Observacin de Derechos Humanos, que a su vez hace foco en: Departamento del Cauca-Popayn, Bogot, Pereira, Cali, Medelln.

Para cumplir su misin, la delegacin se traslad a Cali, Medelln, Pereira, Silo, Yumbo, Timbo, Popayn, Santander de Quilichao y Bogot, entre otras ciudades.

El reporte concluye que el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a travs de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habra desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano.

Asimismo, afirma que el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre poblacin civil indefensa, prcticas inscriptas en la lgica blica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos.

Las conclusiones del trabajo, de carcter preliminar ya que el informe definitivo se presentar en Buenos Aires- denuncia que el Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayora de su pueblo.

En ese punto, identifica a ese sector como jvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBIQ , trabajadores del campo y la ciudad, indgenas, campesinos, afrodescendientes, lderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, as como organizaciones de la sociedad civil.

Deber investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prcticas impropias de un Estado de derecho, propone el texto, y concluye: El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparacin integral , a travs de la verdad y la justicia.

Tambin consigna que los testimonios recogidos han sido abrumadores y confirman la significativa violencia represiva desplegada sobre poblacin civil indefensa, pues impera entre los mandos y la tropa una lgica blica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrtico, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.

La Polica Nacional en general y en especial el Escuadrn Mvil Antidisturbios (Esmad) de consuno con el Ejrcito, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinacin de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus vctimas, denuncia.

Dice adems que es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transentes.

Resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad tanto en la va pblica como en los lugares de encierro. As, revelaron que al 26 de mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el 79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales.

Se han recibido denuncias (que luego fueron ratificadas ante la misin) sobre la existencia de empresas privadas (supermercados y talleres) en las que se habran dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de mviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado xito de la localidad de Calipso (Cali) y el taller mecnico LA Playa (periferia de Bogot) son los dos casos denunciados, enuncia.

La misin

Integran la misin representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represin Policial e Institucional (Correpi), la Asociacin Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociacin de Trabajadores del Estado (ATE).

Entre otras y otros, participan de la comisin Leonardo Prez Esquivel (ATE), Sergio Maldonado, Alejandro Rusconi (AAJ), Marianela Navarro y Sebastin Fernndez (FOL), Laura Gonzlez Velasco (Somos-Barrios de Pie), Pablo Pimentel (APDH), Gonzalo Arma (Patria Grande), Martn Ferrari (Frente Daro Santilln), Ismael Jalil (Correpi) y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

Adems, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociacin para la Proteccin de los Derechos Humanos), Jos Mara Cano (CTA Autonma), Pablo Bres (Serpaj), Mara Paula Gimnez (Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.

Uno de los integrantes del grupo fue el dirigente social Juan Grabois, a quien no se le permiti el ingreso a Colombia por un supuesto problema en el pasaporte, aunque en el mbito de la regin slo se requieres el documento de identidad.