La fiscala Yeimi Adle informó ayer a Monumental 1080 AM que fue asignada para la realización de la investigación al ex titular de Petropar Eddie Jara, tras el ingreso oficial de la causa a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.
La causa ingresó con base en el reporte remitido por la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 14 de marzo. El Ministerio Público, por su parte, inició el análisis el pasado 16 de marzo, según informó Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, a Última Hora.
Al recabar informes, se demostró que Jara trabajaba con nada más y nada menos que 14 entidades financieras.
“Nosotros, al solicitar un informe electrónico a la Superintendencia de Bancos, nos respondieron que Jara trabajaba con 14 entidades financieras”, precisó la agente del Ministerio Público.
El informe elaborado por la Contraloría identificó una serie de operaciones financieras que no coincidirían con los ingresos declarados por el entonces titular de Petróleos Paraguayos (Petropar).
Dicho organismo llevó adelante un examen de correspondencia sobre los bienes de Jara debido a un total de seis observaciones.
INCONSISTENCIAS. La Contraloría informó que existen indicios de inconsistencias que podrían tener relevancia en el ámbito penal, por lo que la investigación derivó al Ministerio Público.
La fiscala precisó que la CGR hace una investigación parcial y ahora el Ministerio Público debe ampliarla con la corroboración de los montos presuntos de movimientos irregulares, así como determinar si existen otras situaciones no contempladas por la CGR.
El plazo de prescripción es de diez años para casos de enriquecimiento ilícito, medidos a partir de la última realización del hecho punible y si es un hecho continuado, cuando terminó.
El reporte de la Contraloría es hasta diciembre, pero la renuncia se produjo el 10 de marzo, por lo que el plazo se inicia en ese momento. No obstante, el requerimiento a partir de la imputación es de seis meses.
La fiscala insistió en que no se trata aún de una imputación, sino del inicio de una investigación preliminar.
“Amerita la apertura de una investigación penal. La identificación de sus ingresos ya tenemos, solicitaremos otros informes por si tenga otros ingresos además de sus salarios y otras informaciones que nos puedan dar sobre su patrimonio”, refirió.
La agente precisó que trabajará sola en este caso.



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