"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. "Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra", advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.
"Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", agregó Rubio, quien afirmó que "durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos". Y añadió que el presidente Donald "Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".
Rubio agregó que "o la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI". Washington le concedió, sin embargo, seis meses de gracia al alto tribunal, para dar tiempo a los Estados miembro para que demuestren que responden con acciones concretas "a las preocupaciones de Estados Unidos".
Críticas desde distintos frentes
La Corte rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y afirmó que "la historia juzgará este momento". La decisión de Washington constituye "un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", declaró la CPI a través de un comunicado
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros. Agregó que "nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia" e instó a los miembros de la Corte a adoptar "medidas concretas" para garantizar que el tribunal pueda continuar operando.
La Unión Europea (UE) criticó las sanciones y señaló que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que la CPI pueda seguir su labor, "tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE en el mercado único", indicó la Comisión Europea.
En un mensaje separado, Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron su "profundo desacuerdo" con las sanciones, mientras que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, juzgó como "inaceptables" la decisión estadounidense. Amnistía Internacional, en tanto, llamó a "resistir” el "ataque" estadounidense.
Solo Israel aplaudió la medida anunciada por Washington.
DZC (EFE, AFP)
