Los sancionados son los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), junto a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas, amparadas en la Orden Ejecutiva 14203 firmada por el presidente Donald Trump, argumentando que la CPI incurre en “politización, abuso de poder y extralimitación judicial ilegítima”. Según Rubio, estas acciones representan una “amenaza para la seguridad nacional” de EE.UU. y su aliado Israel.

Prost fue señalada por autorizar investigaciones sobre presuntos crímenes de fuerzas estadounidenses en Afganistán, mientras que Guillou, Khan y Niang fueron sancionados por su rol en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Las sanciones incluyen el congelamiento de activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. El primer ministro Netanyahu celebró la decisión, calificándola como un “paso decisivo” contra una “falsa campaña de desprestigio” hacia Israel. La CPI, por su parte, condenó las medidas como un “claro intento” de socavar su independencia judicial.