En el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aclaró que no se ha concretado la detención del intendente de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce (ANR), sino que se están llevando adelante allanamientos con el objetivo de recolectar datos relevantes para la causa.

El operativo incluye procedimientos simultáneos en los departamentos de Ñeembucú, Central y Asunción. Según fuentes policiales, la investigación surge a partir de información brindada por la Gendarmería argentina sobre un esquema dedicado al tráfico de drogas.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la sede de la Municipalidad de Mayor Martínez, según reveló el fiscal general.


En la foto aparecen el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR) el vicepresidente de la República Pedro Alliana, la directora de la USF Lilian Mendoza y el intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce (ANR).

Asistente fiscal y candidato colorado, involucrados

El procedimiento derivó también en el allanamiento de una vivienda en Luque, que pertenecería a la asistente fiscal Alba Duarte, quien es señalada como presunta colaboradora del esquema criminal.

Asimismo, los intervinientes allanaron la Unidad Penal Ordinaria Sector 1, sede fiscal ubicada sobre la avenida Félix Bogado, en Asunción, donde Duarte cumplía funciones.

A esto se suma la intervención de una vivienda en Villa Elisa, que sería propiedad de Damián Cardozo, pareja de Duarte y candidato a concejal por el movimiento Honor Colorado.

Los investigadores indicaron que la asistente fiscal habría cumplido un rol estratégico al proveer información interna que favorecía al grupo.

Su hermano atentó contra el intendente

Este caso se suma a antecedentes que ya rodeaban al jefe comunal. En septiembre de 2023, la camioneta de Arce Rotela fue atacada a balazos en un atentado cuyo autor se dio a la fuga en ese momento.

Posteriormente, la Policía identificó como presunto responsable a su propio hermano, Hugo Arce Rotela, quien cuenta con antecedentes en Paraguay —que habrían sido eliminados del sistema— y otro en Argentina por transgresión a la ley de narcotráfico.