El documento fue sancionado el miércoles por la cámara de Diputados, y representará un costo de 940 millones de dólares que serán distribuidos entre unos 15.000 ex obreros de Itaipu Binacional.

El proyecto es insostenible, según el dictamen del Ministerio de Hacienda. Además, preocupa que la ley sea aprobada justamente en año electoral.

El director paraguayo de la entidad, Manuel María Cáceres dijo que los beneficiarios ni siquiera fueron funcionarios de la entidad, sino más bien prestaron servicios tercerizados a empresas que trabajaron para la entidad.

Agregó que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la normativa, si es que se pretende obligar a concretar dicho pago.