Referentes del abdismo y abogados que representan a exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, imputados por supuesta filtración de información sensible para perjudicar a Horacio Cartes, denunciaron que la Corte Suprema cometió prevaricato al aceptar el pedido de prórroga que hizo la Fiscalía para seguir investigando a los implicados.

El caso refiere al proceso de investigación abierto contra el expresidente, el diputado Mauricio Espínola, los exministros Arnaldo Giuzzio, René Fernández y Carlos Arregui, además de otros funcionarios, por haber revelado datos reservados del Grupo Cartes y del propio líder de la Asociación Nacional Republicana. 

El 20 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por el abogado Jorge Kronawetter que buscaba dejar sin efecto la prórroga para presentar los resultados de la investigación. De esa forma, la Sala Penal, conformada por Gustavo Santander, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, dio lugar a la prórroga cuando en el Código Procesal Penal indica que las resoluciones recurridas, si no se resuelven en un plazo de diez días, favorece al que recurre.

El expresidente Mario Abdo Benítez. 

La disposición para no hacer lugar a la apelación se emitió 60 días después de la presentación de Kronawetter, que los leales a Abdo y la defensa de los imputados interpretan como prevaricato. El diputado Roberto González explicó que si el funcionario público, en este caso uno del Poder Judicial, dicta una resolución como la que perjudica a los exministros del abdismo, se genera arbitrariedad y la Corte se excede en sus atribuciones.

"Cuando la Corte no resuelve un recurso significa que se lo admitió y tiene diez días para el estudio", apuntó González. Kronawetter había acudido a la Sala Penal como órgano apelador para que apartaran de la investigación a los imputados, ya que no hay evidencias de que los funcionarios y el exmandatario buscaran dañar a Cartes.

La Sala Penal, conformada por Gustavo Santander, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, dio lugar a la prórroga cuando en el Código Procesal Penal indica que las resoluciones recurridas, si no se resuelven en un plazo de diez días, favorece al que recurre

"A la contaminación de la causa por Aldo Cantero y Pedro Ovelar ahora se le suma la Corte por irregular, aparte de la Fiscalía y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", insistió González. El fiscal Cantero y Pedro Ovelar, abogado de Cartes, habían mantenido conversaciones por WhatsApp en las que acordaron cómo se tenía que llevar el proceso de imputación contra los referentes del abdismo.

Gustavo Santander, ministro de la Corte. 

Gentileza

La abogada Cecilia Pérez, que forma parte del equipo de defensa de Abdo y sus exfuncionarios, comentó a LPO que apoya la postura de Kronawetter y González, por lo que adelantó que la decisión de la Corte los acerca a recurrir a instancias internacionales, una posibilidad que ya aparecía en el horizonte cuando se conoció la imputación.

Los miembros de la Sala Penal, en especial Santander y Ramirez Candia, gozaban de la confianza del abdismo, aunque a partir de esta negativa, la Corte ya no permite ningún tipo de recurso para frenar el avance de la investigación, que desde un inicio fue puesta en duda luego de que Cartes responsabilizara al Gobierno de Abdo por las decisiones que tomaron el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.