De acuerdo con la acusación, la profesora, en su carácter de guía del curso, tenía conocimiento de las situaciones de hostigamiento que sufría el estudiante por parte de sus compañeros. Sin embargo, habría omitido activar el protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para casos de violencia entre estudiantes, además de no comunicar los hechos a las autoridades de la institución ni a otras instancias competentes.

Uno de los principales elementos probatorios incorporados a la causa fue una autopsia psicológica, pericia que permitió reconstruir el progresivo deterioro emocional del niño durante los meses previos a su fallecimiento. Según la Fiscalía, los informes técnicos, entrevistas e indicios recopilados sostienen la hipótesis de que el menor estuvo expuesto a un ambiente persistente de acoso sin recibir la contención institucional prevista por la normativa vigente.

La investigación se inició tras la muerte del estudiante, ocurrida en julio de 2024 en Presidente Franco, Alto Paraná. Luego de varios meses de diligencias, la docente fue imputada en febrero de este año y ahora el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para que el caso sea analizado en un juicio oral y público.

El proceso volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas frente a los casos de violencia escolar y la obligación de aplicar de manera inmediata los mecanismos de protección contemplados por el MEC.

El Protocolo de Atención para casos de Violencia y Acoso Escolar establece que, ante cualquier indicio de hostigamiento, las autoridades educativas deben intervenir de forma inmediata, resguardar a la víctima, comunicar la situación a los padres o tutores y, cuando corresponda, dar aviso a las autoridades competentes para evitar que el conflicto escale.

Paralelamente, el Congreso Nacional estudia un proyecto de ley que busca fortalecer la prevención y sanción del acoso escolar y el ciberacoso en instituciones educativas públicas y privadas, mediante la creación de mecanismos más estrictos de detección temprana, intervención y seguimiento de los casos.

Especialistas en salud mental y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez han advertido en reiteradas ocasiones que el bullying puede provocar graves consecuencias psicológicas, entre ellas ansiedad, depresión, aislamiento social, bajo rendimiento académico y, en los casos más extremos, desenlaces fatales, por lo que insisten en la necesidad de una actuación rápida y coordinada entre docentes, directivos y familias.