El crimen organizado mexicano necesita incorporar nuevos integrantes de manera constante para mantener sus estructuras. Un estudio publicado en Science estimó que durante 2022 los cárteles reclutaban entre 350 y 370 personas por semana, una dinámica vinculada a las bajas provocadas por detenciones, asesinatos, desapariciones y abandonos.

Ante este escenario, el Gobierno mexicano puso en marcha en julio de 2026 el Plan Cuautla, una estrategia aplicada en el oriente del estado de Morelos que busca reducir la violencia y, entre sus objetivos, enfrentar las condiciones que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.

La iniciativa combina acciones de seguridad con programas sociales, educativos, deportivos, culturales y de recuperación de espacios públicos. Sin embargo, especialistas advierten que la magnitud del problema exige medidas más profundas y una estrategia nacional capaz de identificar y desarticular las redes dedicadas a captar nuevos miembros.

Jóvenes en el foco de las organizaciones criminales

Las organizaciones delictivas han diversificado sus mecanismos de captación y apuntan a personas cada vez más jóvenes. El contacto puede producirse mediante engaños, amenazas o mecanismos de coerción que dificultan posteriormente abandonar la estructura.

La dimensión real del fenómeno, sin embargo, permanece parcialmente oculta debido a la ausencia de un registro nacional específico sobre el reclutamiento de niños y adolescentes.

Para el psicólogo forense Aurelio Coronado Mares, rector del Instituto Ciencia Aplicada, las estadísticas oficiales suelen registrar el resultado final —homicidios, desapariciones, detenciones o delitos—, pero no reconstruyen necesariamente el proceso previo.

"Rara vez reconstruye la trayectoria previa: cómo fue contactada la persona, quién la trasladó, si hubo engaño, amenazas, deudas, retención de documentos, violencia contra su familia o imposibilidad material de abandonar la organización criminal", explicó.

Cuautla apuesta por la prevención

El Plan Cuautla busca intervenir sobre los factores sociales que pueden aumentar la vulnerabilidad de niños y adolescentes. La estrategia contempla el fortalecimiento de la seguridad, pero también programas destinados a generar entornos comunitarios más seguros.

Coronado considera positivo que el programa no reduzca la respuesta a patrullajes y detenciones. A su juicio, vincular educación, empleo, cultura, deporte, salud y recuperación de espacios públicos ofrece una respuesta más amplia frente a un problema que también tiene raíces económicas y sociales.

No obstante, el especialista advierte que la existencia de actividades recreativas no garantiza por sí misma resultados.

La prevención, sostiene, debe traducirse en "alternativas reales", como permanencia escolar, trabajo digno, ingresos, acompañamiento familiar, atención de salud mental, protección ante amenazas y espacios de participación para los jóvenes.

Programas para reducir los factores de riesgo

Luis Felipe Ríos Reyes, director de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana del municipio de Cuautla, explicó que la estrategia local contempla diferentes programas dirigidos a reducir factores de riesgo y fortalecer la participación comunitaria.

Uno de ellos es Escuela Segura, que desarrolla talleres relacionados con prevención de adicciones, violencia escolar y uso adecuado de las redes sociales, además de promover la convivencia y el trabajo colaborativo dentro de las instituciones educativas.

También se encuentra Comunidad Segura, orientado a recuperar espacios públicos, crear redes vecinales y fortalecer los vínculos entre habitantes.

A estas iniciativas se suma Patrulla Juvenil, dirigida a niños y adolescentes de entre siete y 17 años. El programa combina actividades físicas, formación en valores, primeros auxilios, campismo y acciones comunitarias.

Ríos Reyes explicó que el objetivo es proporcionar herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los menores y fortalezcan los factores de protección frente a distintas formas de violencia.

Una respuesta que todavía presenta vacíos

El Plan Cuautla no constituye el primer intento de las autoridades mexicanas por enfrentar el reclutamiento juvenil. El profesor investigador Juan Antonio Taguenca Belmonte, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, señala que el Estado reconoce el problema desde hace más de una década.

Sin embargo, cuestiona que todavía no exista una tipificación penal adecuada que considere el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes como un delito autónomo.

México cuenta con iniciativas federales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Ferias de la Paz, además de programas estatales destinados a atender a jóvenes en situación de riesgo. Entre ellos se encuentran propuestas implementadas en Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Para Taguenca, la complejidad del fenómeno obliga a evitar una respuesta basada exclusivamente en la persecución penal. Uno de los principales riesgos es criminalizar automáticamente a jóvenes detenidos que, en determinados casos, pueden haber sido previamente víctimas de las propias organizaciones que los incorporaron.

Investigar a quienes están detrás del reclutamiento

Los especialistas coinciden en que una estrategia efectiva no puede concentrarse únicamente en los jóvenes que terminan integrando las estructuras criminales.

Coronado plantea la necesidad de adoptar una "perspectiva de macrocriminalidad", que permita investigar a quienes hacen posible el proceso de captación.

"Mientras se detenga al último eslabón y no se investigue a reclutadores, transportistas y beneficiarios, las organizaciones criminales conservarán su capacidad para sustituirlo", afirmó.

El desafío, por tanto, no se limita a evitar que un adolescente ingrese a una organización criminal. También implica identificar quién lo contactó, cómo fue trasladado, qué mecanismos de coerción se utilizaron y quiénes se benefician de su incorporación.

El Plan Cuautla se convierte así en un laboratorio para evaluar si una política que combina seguridad y prevención social puede reducir la captación de jóvenes. Su alcance y resultados podrían determinar si la experiencia de Morelos logra convertirse en referencia para otras regiones de México afectadas por el avance del crimen organizado.

Fuente: DW