“Es categórico que se trata de una extorsión. La figura del hecho punible cometido por estos criminales es secuestro con fines políticos y extorsión con los mismos fines”, explicó el abogado José Ignacio González Macchi, en conversación con el canal Trece.

Agregó que las peticiones del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) son de tipo extorsivo de una facción criminal, reconocida como tal. “ Nadie puede decir que ellos reivindican una ideología fuera de lo criminal”, indicó.

“El Estado bajo ninguna circunstancia podría estar sometido a verse, ni siquiera en la posibilidad de pensar en cumplir con las peticiones”, subrayó el abogado.

En ese sentido, argumentó que la Constitución Nacional impide que el Poder Ejecutivo pueda inmiscuirse en cuestiones del ámbito Judicial, ya que en el caso de los dos líderes del EPP (Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez) están con condenas firmes. “El presidente de la República no puede ordenar la liberación de un preso condenado”, subrayó.

Con respecto a la solicitud de entrega de víveres por el valor de 2 millones de dólares, González Macchi expresó que en caso de que el Estado tenga la intención de hacerse cargo de dicho costo, necesariamente necesita una autorización del Congreso. Sobre el punto, consideró que es también “poco viable”.

“No hay que dar brazo a torcer, no se les puede dar lo que ellos están pidiendo”, enfatizó.