El Gobierno de Santiago Peña y las empresas vialeras llegaron este martes a un principio de acuerdo para el pago de la deuda pendiente por obras públicas, según anunciaron el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y su par del MOPC, Claudia Centurión. El primer desembolso será de USD 60 millones.

De acuerdo a Valdovinos, se estableció un plan de pago para saldar los compromisos asumidos por el Estado con las constructoras, aunque aún persisten diferencias sobre el monto correspondiente a los intereses. El titular del MEF explicó que el Gobierno no reconocía la totalidad de los USD 110 millones exigidos por las vialeras bajo ese concepto, por lo que el tema será objeto de revisión.

El anuncio busca destrabar el conflicto con las empresas contratistas, que habían advertido sobre la crítica situación financiera derivada del atraso en los pagos por obras ejecutadas en distintos puntos del país. "Son 150 millones de dólares la deuda, de los cuales 60 están listos para pagar y el resto está en gestión. Los intereses son aparte", aclaró la situación.

El principio de acuerdo llegó en un momento tenso. Ayer lunes, la Cámara Paraguaya de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) había reprochado la ausencia de información oficial sobre el calendario de pagos que el Estado tenía pendiente con las empresas del sector. Según el gremio, la falta de definiciones generaba incertidumbre y afectaba la previsibilidad necesaria para mantener las obras en funcionamiento.

Claudia Centurión.

"Esta situación afecta directamente a nuestros asociados y proveedores que forman parte esencial de la cadena de valor de la construcción, generando un clima de incertidumbre y debilitando la previsibilidad necesaria para sostener la actividad económica", dice parte del comunicado publicado por Cadimaco.

Esta situación afecta directamente a nuestros asociados y proveedores, que forman parte esencial de la cadena de valor de la construcción, generando un clima de incertidumbre y debilitando la previsibilidad necesaria para sostener la actividad económica

El gremio había reconocido que el Gobierno cumplió parcialmente con algunas obligaciones al inicio de su gestión, aún no había un plan claro para la cancelación total de las deudas, que finalmente llegó este mediodía. La situación repercute directamente en proveedores, distribuidores y en el empleo de miles de trabajadores.

Además, el retraso en los pagos a las contratistas de Capaco también impactaba en el resto del sector, afectando a proveedores industriales y de servicios. "La cesación de pagos compromete la estabilidad financiera y pone en riesgo la continuidad de las obras públicas y privadas", continuaba el comunicado.

Los referentes del sector exigían al Gobierno de Santiago Peña "claridad y transparencia" respecto al cronograma de regularización y a la estrategia de financiamiento para garantizar la sostenibilidad del rubro. La construcción es uno de los principales motores de la economía y cada retraso limita la inversión privada y el empleo formal.

El presidente Santiago Peña.

El comunicado de Cadimaco coincidió con el reclamo de Capaco sobre la deuda del Gobierno con el sector, que asciende a unos USD 211 millones por obras ejecutadas y USD 110 millones por intereses acumulados, según el propio Ejecutivo. Sin embargo, las constructoras aseguran que la deuda por intereses acumulado trepa ya a USD 150 millones.

El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, había cuestionado las declaraciones de Valdovinos por minimizar la deuda. La Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma) también reclama la falta de pago del Gobierno. Al cierre de octubre, el monto total había llegado a unos USD 600 millones por la provisión de insumos y medicamentos. Ante la falta de pago, todavía persiste el riesgo de desabastecimiento en los hospitales públicos.

LPO