Durante la sentencia, la jueza Karina Cáceres, presidenta del Tribunal, mencionó, que, en su carácter de director de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Robles, coincidente con la promulgación de la Ley de Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica a causa del covid-19, en noviembre el 2020, concretó una reunión con el presidente de la Fundación CIAP, Tadeo Álvarez Cristaldo. Durante el encuentro, le propuso trabajar con la Gobernación para la supuesta ejecución de obras civiles a cambio de un 10% del monto de dinero que se recibiese del Gobierno Central para utilizar el nombre de su fundación, ya que él tenía todos los papeles en regla; “y que ellos, es decir, el señor Robles y su equipo de funcionarios de confianza de la Gobernación del Departamento Central se encargarían de conseguir la documentación respaldatoria y que ellos ejecutarían los trabajos correspondientes a esas obras”.
La magistrada expuso que la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) de acuerdo a su estatuto, es una ONG que tiene como objetivo el apoyo a futuros profesionales de diversas disciplinas, que nada tiene que ver con la protección y ejecución de obras.

IDEOLO Y EJECUTOR

“El señor Robles ideó y ejecutó el plan para que los G 5.105.600.000 que recibió la Gobernación del Departamento Central del Poder Ejecutivo, sean direccionados a esta fundación, utilizando su cercanía con el Gobernador para convencerle de ejecutar un plan y realizar el desembolso de los fondos lo que posteriormente fueron retornados íntegramente a él, luego que su representante manifestara que le habían devuelto”, relató.

Explicó que fue como una “comisión de prestanombre” entregándose el dinero por parte de la señora Natalia Valenzuela Gómez, funcionaria de la Gobernación quien testificó que los G 5.100 millones entregados a la Fundación, fueron entregados íntegramente luego de que los cheques fueron efectivizados.

“Tal fue su grado de incidencia en el hecho que consiguió el apoyo y la colaboración de funcionarios de la Gobernación para conseguir estos propósitos, valiéndose siempre de su calidad de alto funcionario, a tal punto de su relación con el instigado, Hugo Javier González Alegre, se dio una subordinación. Quedó plenamente demostrado en juicio que él determinó la producción de la decisión, causó el dolo en la ejecución del hecho de lesión de confianza, por tanto, se afirma la tipicidad objetiva del mismo”, dijo la magistrada.

En el aspecto subjetivo, Robles tuvo como seguro que su conducta influiría en la decisión del autor, o sea, en Hugo Javier González Alegre, de producir un perjuicio contra el patrimonio de la Gobernación de Central, es decir actuó con dolo directo en primer grado.

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Con relación a su participación como instigador en el hecho producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, se ha aprobado ─expuso la jueza Cáceres─ la existencia de un hecho doloso y antijurídico principal, porque respecto a su intervención al hecho puntual ya mencionado, sobre la reunión con el presidente de la fundación CIAP; se probó en este juicio que a través de una conversación por mensajería entre Karina Mazacote, funcionaria de confianza de Robles y brazo ejecutor de todo el plan del mismo, Tadeo Álvarez, presidente de la Fundación CIAP, que la misma rendición de cuentas estaba mal y que él no iba a firmar ni presentar nada, a lo que Mazacote le responde que iba a decirle al “jefe” refiriéndose a Robles.

“En esa conversación entre Tadeo Álvarez, que le reclama al señor Robles lo mal que hicieron todas las cosas, lo que Robles le respondió: ‘vamos a rediseñar’. En un audio respondió que no está cerrado a cambiar, a hacer, quitar, sumar ‘todo lo que vos quieras’ y que ‘el equipo está en el campo de batalla y que van a hacer todo ya, papelito por papelito, y que la licenciada ya tiene el dossier de la documentación’”, comentó la jueza.

Al hablar el acusado de que van a rediseñar la rendición, resulta claro que él planificó y dirigió la primera rendición de cuentas que contenía documentos falsos y que también ideó la segunda rendición de cuentas, refirió la presidenta del Tribunal de Sentencia.

El Observador