El oficialismo y la oposición se abrieron a analizar el pedido de juicio político contra los ocho ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en particular contra César Diesel, cuyo hermano es accionista en una de las empresas vinculadas con el esquema de estafas que afecta a unas 1.600 personas en todo el país, conocido como la "mafia de los pagarés".

La próxima semana, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés comenzará un intenso trabajo de lobby en Diputados con la bancada liberal y el compromiso del vicepresidente segundo de la cámara baja, Hugo Meza, de escuchar a los afectados antes de negociar con el bloque del oficialismo.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el tercer espacio en el Senado están abiertos a atender los casos, pero de manera cauta para no hacerle el juego a la ANR, ya que sospechan sobre los motivos del coloradismo para barrer con los ministros de la Corte. 

 La posible arremetida de los colorados contra el máximo tribunal se da en medio del eventual regreso de la exsenadora Kattya González -la decisión depende de la Corte- y los recursos presentados por Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans para acogerse a la inamovilidad, una jugada para extender sus mandatos hasta los 75 años de edad.

El diputado Hugo Meza.

Fuentes de la Corte aseguraron a LPO que el juicio político no avanzará porque el pedido es impulsado por "un grupo de campesinos y funcionarios públicos". Sin embargo, apenas los diputados deslizaron la posibilidad de avanzar sobre los jueces, se registró un tsunami de levantamiento de órdenes de embargo, lo que deja entrever una cierta preocupación por el nivel de movilización de las víctimas y la atención mediática que reciben. 

"El lunes tenemos encuentros fijados con la bancada liberal y el diputado Hugo Meza nos recibirá el martes. Hay apertura de los senadores cartistas. Todo indica que existe una intención de acompañar el pedido y eso nos alegra. Porque si no sale el juicio político, por lo menos que les cueste caro salvarse", dijo una de la víctimas.

Apenas los diputados deslizaron la posibilidad de avanzar sobre los jueces, se registró un tsunami de levantamiento de órdenes de embargo, lo que deja entrever una cierta preocupación por el nivel de movilización de las víctimas y la atención mediática que reciben

En rigor, el caso conocido como la "mafia de los pagarés" consiste en un esquema de estafas que involucra a jueces, oficiales de justicia y empresas de cobranza que conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargos de salario contra los deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar previamente a los afectados.

César Garay Zuccolillo, presidente de la Corte.

Según dijo un funcionario judicial a este medio, cada juez percibió como beneficio monetario de esta red de estafa una suma promedio de G. 200 millones semanales, quienes supuestamente compartían el botín con los miembros de la Corte.

César Diesel está en el ojo de la tormenta ya que se lo señala por administrar parte del esquema gracias a la empresa de su hermano Óscar Diesel, actual accionista de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), una de las firmas más implicadas en el caso. El ministro no se despegó aún de estas afirmaciones en público.

"Entendemos que algunos senadores liberales oficialistas tendrían que ver con el esquema. Nos llama la atención el rechazo que tuvimos de la diputada Del Pilar Vázquez de Itapúa al momento de acompañar nuestra solicitud", aseguró un miembro de la coordinadora.

Desde la oposición admiten que evaluarán la situación por su cuenta, procurando no caer en la jugada de los colorados. "Es muy riesgoso entrar en esto. El oficialismo puede aprovechar para una barrida", comentó un congresista opositor a LPO sobre el hipotético escenario de un juicio político al pleno del máximo tribunal.

Desde el comando político de Honor Colorado se reservan el análisis del caso para la próxima semana, una vez que la coordinadora inicie su gira de reuniones con los distintos bloques y presente sus argumentos ante la Cámara de Diputados para su debate en la mesa directiva, de la mano de Meza.