Aristóbulo Luis Bordón Cazuriaga, Liz Carolina Centurión González y Fanny Ayala eran los detenidos días atrás, tras ser sospechados de ser los autores materiales de un esquema de clonación de chips de líneas telefónicas y posterior vulneración del sistema celular para ingresar a los dispositivos de personas víctimas.

En esta ocasión, resultaron víctimas los periodistas Jorge Torres y Clari Arias, así como el diputado Carlos Rejala, quienes venían realizando denuncias sobre irregularidades en la compra pública de insumos sanitarios en el marco de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, no es la primera vez que esta pareja experta en delitos informáticos salta al conocimiento público por supuestamente cometer este tipo de hechos, especialmente Luis Bordón. Ya en conferencia de prensa realizada de forma posterior al procedimiento de detención, las fiscales del caso, Irma Llano y Silvana Otazú, informaron que Bordón estaría incurriendo en reincidencia, recordando su pasado reciente, que ahora representaría un agravente en su situación procesal.

Según documentos de una causa fiscal a la que pudimos acceder, Bordón ya fue beneficiado con un procedimiento abreviado y condenado en ese efecto, tras reconocer culpabilidad en fraguar oficios fiscales y presentarlos en la empresas telefónicas como auténticos, con el fin de conseguir ilegalmente extractos de llamadas telefónicas de autoridades, políticos y terceras personas.

Este “servicio”, que era realizado por Bordón, era demandado por poderosos actores económicos y políticos del plano local, cuyos nombres hasta la fecha se manejan con discreción.

Modus Operandi

Bordón presentó varios oficios fiscales con el nombre y firma de la ahora ex fiscal Brígida Aguilar, de la Unidad Penal de J. Augusto Saldívar. En los oficios fiscales se solicitaba a la telefonía el extracto de llamadas de personas importantes en cargos de decisión que se registraron durante el 31 de marzo y 1 de abril del 2017, noche en que la sede del PLRA sufrió un atropello policial y el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana resultó fallecido en un confuso ataque.

¿Por qué una fiscal de J. A. Saldívar, que nada tenía que ver con la causa del #31M, solicitaba informes relacionados a este hecho? Esta situación llegó a manos de la Fiscalía en enero del 2018, oportunidad en la que se abrió una causa en la que fue designada la fiscal anticorrupción Marlene González, quien abre un proceso en contra de su colega, Aguilar.

Durante el proceso investigativo salta al tapete el nombre de Luis Bordón, como la persona a la que se le fue entregada físicamente algunos de los extractos de llamada (la mayoría de los extractos fue remitida a un correo electrónico que supuestamente correspondía a la Fiscalía de J. A. Saldívar).

El proceso avanzó y el caso pasó a manos de la fiscal Silvana Otazú, hoy también una de las encargadas de la causa de clonación de chips, quien en su momento llegó a allanar la vivienda de la fiscal Brígida Aguilar en búsqueda de documentaciones, no encontrando mucho para avanzar.

Bordón reconoció finalmente la autoría del hecho (falsificación de los oficios fiscales), por lo que fue beneficiado por Otazú con un procedimiento abreviado que hoy, incluso a la fecha, ya habría cumplido su condena.

Sin embargo, para ese entonces, toda la situación generada ya le había costado el cargo a la fiscal Aguilar, quien fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en mayo del 2018 por supuesto “mal desempeño de funciones”.