Son decisiones benevolentes que irritan a la ciudadanía, sobre todo, considerando que se trata de casos de corrupción pública, en los cuales los magistrados deberían poner mano dura, sin importar que estén detrás el poder político o económico, que casi siempre terminan sometiendo a la justicia. La gente exige sanciones duras a los ladrones del Estado. Esperemos, que, en el 2024, así sea.

Durante el año que va llegando a su fin se destacan sendos fallos, que tienen como moneda común, la impunidad ante graves casos de corrupción pública, en contrapartida se muestra implacable con eslabones menos expuestos o que no cuentan con el soporte del poder político y económico.

Esto se traduce principalmente en penas leves, por un lado, salidas procesales benevolentes con los corruptos por el otro, en el primer ítem se puede citar el caso del exministro de Educación, Luis Riart, en la causa por la sobrefacturación en la adquisición de un edificio hoy en ruinas en pleno centro de Asunción y que provocó un agujero superior a los 14.000 millones de guaraníes.

A pesar de este multimillonario perjuicio al Estado, la causa tuvo un lento caminar desde la denuncia en 2014, la condena en primera instancia en febrero de 2020 hasta que finalmente quedó firme en 2023.

Recién en junio del presente año, Riart ingresó a la Agrupación Especializada y en diciembre último el juez Carlos Mendoza ordenó su prisión domiciliaria para el cumplimiento de la ya por sí exigua condena por el colosal daño al Estado.

El mismo juez Ejecución hizo lugar a la suspensión de la ejecución de la condena para el otro involucrado en dicha defraudación al Estado Paraguayo, el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Luis Fretes, por un periodo de 3 años, con reglas de conducta y una donación de G. 54.000.000 total.

Oscar “Noño” Núñez

Condenado a 11 años de cárcel por desangrar los fondos del departamento de Presidente Hayes, uno de los más desfavorecidos del país, para sus apetencias personales, entre ellas el pago de deudas por malos resultados en carrera de caballos, el exgobernador causó un perjuicio patrimonial superior a los 42.000 millones de guaraníes.

Parte del mismo Tribunal de Sentencia que le impuso dicha condena, en la que se comprobó que destinó 200 millones de guaraníes para la compra de banderitas, mientras faltaba agua en las comunidades, fue el que concedió a fines de la semana pasada el arresto domiciliario, las juezas Elsa García y Cándida Fleitas.

Las magistradas junto con la jueza Ana Rodríguez consideraron el cumplimiento de la pena mínima de seis meses en prisión preventiva, sumado a que no se trata aún de una condena firme. No tuvo en cuenta la oposición del Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Said, quien había logrado la condena de Núñez.

Orué Rolandi

El exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi se sitúa en la lista de altos funcionarios que dilapidaron recursos del Estado, y en este caso particular toma especial relevancia porque el monto de perjuicio patrimonial superior a los 3.100 millones fue a costa de la alimentación de menores.

En el juicio quedó probado que entre finales de 2012 e inicio de 2013, el entonces ministro Orué Rolandi, llevó adelante la licitación pública para programas “Abrazo” y “Painan”, destinados a la protección de niños y adolescentes en situación de abuso, abandono y explotación.

En ese contexto, previa evaluación del Comité integrado por: Lic. Laura Aida Gamarra, directora de Planificación; Gloria Arroyos Bázquez, Nutricionista de la UOC; Aracelli Cotillo, jefa de evaluación de UOC y Carlos Centurión, director administrativo, adjudicó sin justificación razonable, 11 de 12 lotes a la empresa que presentó la oferta más costosa y que sobrepasaba el lote total de la previsión del presupuesto (2013-2014), de G. 29.000 millones, mientras que el presupuesto era de solo G. 26.000 millones.

Por estas graves irregularidades solo recibió una pena de 4 años de cárcel, que quedó firme recién en 2023 y en octubre último finalmente fue requerido por el juzgado de Ejecución para el cumplimiento de la pena.

En este caso particular por acción de la PGR, Orué Rolandi y otros condenadas deberán reparar el monto total de lo defraudado, específicamente unos G 3.100 el Estado.

En contrapartida, se vieron casos en los que la justicia se mostró excesivamente implacable, como es el caso de Alcides Ramón Ayala, un estibador sin cargo alguno en la función pública, tampoco tiene rol de ordenador de gastos en instituciones del Estado, sin embargo, fue condenado a 3 años de cárcel por pedido de coima.
Se pueden mencionar varios otros casos de corrupción, que avanzan lentamente, debido a los incidentes dilatorios presentados por los “peces gordos” procesados y sus respectivas defensas, que no son sancionado por los magistrados, pese a que el Código Procesal Penal les obliga a velar por el buen desarrollo del proceso. En caso de no hacerlo, se exponen a una sanción por la Corte, ya que estarían cometiendo una falta grave como establece una acordada.