En el documento aprobado, el Senado sostiene que las expresiones de Amarilla son de su exclusiva responsabilidad y que resultan incompatibles con los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana. Asimismo, remarca que las declaraciones no reflejan el compromiso del Poder Legislativo con la protección de los derechos humanos ni con los tratados internacionales ratificados por Paraguay.

La declaración concluye con un rechazo categórico a toda forma de racismo y discriminación, reafirmando la vigencia de la Constitución Nacional y de los compromisos internacionales asumidos por el país. Tras obtener el respaldo de la mayoría de los senadores, el documento será comunicado a las instancias correspondientes y posteriormente archivado, en un hecho que marca un fuerte pronunciamiento político de la Cámara Alta contra una de sus propias integrantes.