El juez instructor de la causa sobre el 'procés' independentista, Pablo Llarena, argumentó "que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea (UE)".

Además, mantuvo la inhabilitación de otros líderes independentistas, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La jueza Ana Ferrer suscribió un voto particular discrepante y apoya plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

Varias causas

Puigdemont -que se instaló en Bruselas para eludir a la justicia española-se enfrenta a varias causas relacionadas con la convocatoria del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017, la declaración unilateral de independencia y las posteriores protestas.

Por la vía penal tiene abiertos dos procesos, uno por sedición y otro por terrorismo, a los que se sumaba el de desvío de fondos públicos para sufragar el 'procés'.

Esta decisión supone un duro golpe para el Gobierno, porque en un principio todas esas causas deben estar cubiertas por la amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados, una normativa que fue exigida por los partidos independentistas catalanes como requisito para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo el pasado noviembre.