En ese sentido, destacó que las llamadas “celdas VIP” o “celdas de privilegio” son en realidad espacios destinados originalmente a otras funciones, como talleres, áreas de salud o zonas administrativas, que fueron modificados irregularmente por internos para uso exclusivo, con comodidades que exceden lo permitido reglamentariamente.

“En el caso del señor Alberto Koube Ayala, por ejemplo, se verificó que su reclusión se daba en un pabellón común, pero con ciertos objetos domésticos que no todos los internos tenían. Eso está siendo investigado por la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, porque existe la sospecha de que podría haber mediado algún tipo de cohecho o beneficio indebido”, explicó el viceministro.

Maciel indicó que desde el Ministerio de Justicia se conformó una Comisión de Verificación de Celdas de Privilegio, que realiza controles periódicos en diferentes establecimientos penitenciarios. Este año ya se realizaron inspecciones en Encarnación, Coronel Oviedo, Misiones y Ciudad del Este y se prevé continuar con las penitenciarías del norte del país.

“Cada director penitenciario tiene la obligación, bajo resolución vigente, de controlar los espacios físicos y reportar cualquier irregularidad. La comisión actúa después de forma aleatoria y complementaria para garantizar el cumplimiento de esas normas”, añadió.

El viceministro subrayó que uno de los principales desafíos es la falta de una reglamentación uniforme sobre los denominados “derechos domésticos”, es decir, los objetos que los internos pueden tener en sus celdas para cocinar o almacenar alimentos. “Actualmente, el ingreso de estos elementos queda a criterio del director del penal, sin una normativa clara. Estamos trabajando en un reglamento nacional que determine qué artefactos se pueden permitir, en qué condiciones y con qué costos energéticos, de modo a facilitar los controles y evitar abusos”, explicó.

También adelantó que se establecerá un sistema de registro y cobro proporcional para el uso de aparatos eléctricos dentro de las cárceles, con el objetivo de regular la energía consumida por los internos y mantener una administración transparente. “La meta es erradicar definitivamente las celdas de privilegio y los tratos diferenciados. Todo interno debe tener igualdad de condiciones dentro del marco legal”, sostuvo.