De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Federico Delfino, el principal responsable sería Luis Esteban Cañete Torres, señalado como el organizador de un grupo que operaba con el objetivo de arreglar resultados de encuentros masculinos y femeninos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El esquema habría funcionado en torneos como el Clausura 2023 y el Apertura 2024, con la participación de futbolistas contactados para rendir por debajo de su nivel a cambio de sumas de dinero en dólares y guaraníes.

El Ministerio Público también acusó a Milcíades Senen Cañete Grance, Víctor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel (alias “Wartty”), Yamile Belén Caballero Peralta, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, atribuyéndoles hechos punibles de coacción, asociación criminal y amaño deportivo.

Durante la audiencia preliminar, las defensas de los acusados desplegaron una batería de incidentes procesales para evitar que la causa avance a debate público.

La defensa de Luis Esteban Cañete Torres solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, proponiendo una condena de dos años con suspensión a prueba de la pena, alegando que no cuenta con antecedentes y ofreciendo una reparación social de G. 5.000.000 mensuales durante ese plazo. Aceptó los hechos atribuidos en audiencia, como condición para acceder al beneficio.

Milcíades Senen Cañete Grance solicitó la suspensión condicional del procedimiento por dos años, comprometiéndose a pagar G. 1.500.000 mensuales en concepto de reparación. Subsidiariamente, pidió un procedimiento abreviado, también con suspensión de la condena.

El abogado de Víctor Pantaleón Valiente Piris planteó el sobreseimiento definitivo, sosteniendo que no existen pruebas que lo vinculen directamente con hechos de amaño.

En forma subsidiaria, pidió la suspensión condicional del procedimiento por un año o, en su defecto, un abreviado por dos años. También ofreció testigos y contratos para reforzar su defensa.

Dahiana Recalde Coronel y Yamile Caballero Peralta, solicitaron la suspensión condicional del procedimiento por dos años, con el ofrecimiento de G. 200.000 mensuales como reparación simbólica.

Alegaron que, aunque su participación es reprochable, se limitó a un rol secundario y no a la planificación del esquema. De forma subsidiaria, también pidieron un procedimiento abreviado.

Jonathan Darío Martínez Jara solicitó la suspensión condicional por uno o dos años, comprometiéndose a no tener contacto con coimputados y a pagar G. 500.000 mensuales como reparación.

Subsidiariamente, propuso un procedimiento abreviado con los mismos términos.

La defensa de Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga planteó el sobreseimiento definitivo, argumentando falta de pruebas directas y atipicidad de los hechos imputados. Ofreció testigos (compañeras de equipo, entrenadores y familiares) y contratos como respaldo.

La jueza rechazó los incidentes de procedimiento abreviado y suspensión condicional. Argumentó que los hechos imputados podrían, en caso de condena, superar los cinco años de prisión, lo que hace improcedente la aplicación de salidas alternativas según el art. 420 del CPP.

Ninguno de los acusados ofreció una reparación integral hacia las víctimas, entre ellas la APF, lo que refuerza la inviabilidad de las propuestas.

Los pedidos de sobreseimiento (Romina Rodríguez y Víctor Valiente) se basaban en cuestiones de fondo que deben resolverse en juicio oral y no en esta etapa.

Antecedentes

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación reveló la existencia de un grupo criminal liderado por Luis Esteban Cañete Torres, cuya finalidad era manipular los resultados de partidos de fútbol masculino y femenino organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con el único objetivo de obtener ganancias económicas a través de apuestas deportivas.

El esquema funcionaba de manera organizada. Cañete Torres actuaba como cabeza visible y, con el apoyo de personas de su confianza, se encargaba de contactar a jugadores activos, ofrecer sumas de dinero y coordinar el rendimiento deportivo que debían tener durante los partidos. A su lado operaban Milcíades Senen Cañete Grance, su chofer y hombre de confianza, encargado de realizar los pagos a futbolistas, y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien junto al líder tenía la tarea de reclutar jugadores para sumarlos al plan.

En el ámbito femenino, Dahiana Katherine Recalde Coronel, conocida como “Wartty” y jugadora del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, y Yamile Belén Caballero Peralta, del Club Sol de América, fueron señaladas como piezas claves en la captación de compañeras. Según la acusación, ambas insistían y convencían a otras jugadoras para que se plegaran a la propuesta de rendir por debajo de sus posibilidades, de acuerdo con lo que exigía la organización. En esa misma línea también aparece el nombre de Jonathan Darío Martínez Jara, jugador del Club Atlántida de Barrio Obrero, quien habría hecho lo propio con futbolistas del Club Atlético Colegiales de Lambaré.

La acusación menciona además a Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga, también jugadora de Sol de América, quien habría cumplido el rol de nexo entre sus compañeras y los líderes del esquema, facilitando contactos y asegurando que otras futbolistas siguieran las indicaciones de Cañete Torres.

Los hechos investigados incluyen episodios concretos. En el Club General Caballero de Juan León Mallorquín, por ejemplo, se habría entregado la suma de USD 1.500 a un grupo de jugadores de la división reserva con la exigencia de “ir a menos” durante un partido. En otra ocasión, el propio Cañete Torres pagó Gs. 10.000.000 bajo la misma condición, y al no cumplirse lo pactado, amenazó a los futbolistas y a sus familias, incluso de manera violenta, para forzarlos a obedecer sus directrices.

En el fútbol femenino, compañeras como Natasha Martínez, Reichel Rolón Bobadilla, Ivana Mendoza Álvarez y Marcia Macarena Gómez habrían sido contactadas insistentemente para que redujeran su rendimiento en los encuentros oficiales.

La Fiscalía señala que las comunicaciones dentro del grupo eran constantes, ya sea mediante llamadas, mensajes o incluso a través de redes sociales como Facebook e Instagram, lo que permitía coordinar los amaños y pactar los términos de las apuestas. Todo este entramado, sostiene el Ministerio Público, configuró un plan sistemático que puso en entredicho la transparencia y la integridad del fútbol paraguayo.

El Observador