La causa se inició a través de la denuncia realizada por Miguel Antonio Ruoti, en representación de la empresa Monomisy S.A., quien señaló que entre 2022 y 2024, la imputada se desempeñaba como presidente y apoderada de dicha firma.
Una auditoría contable, administrativa y tributaria concluyó que fondos de la empresa eran destinados a gastos particulares de los socios y/o beneficiarios finales, como gastos médicos, enfermeras, alimentos, medicamentos y otros en favor del padre de socios.
También dicho informe ha constatado la entrega directa de dinero a beneficiarios finales, como padre de socios, constituyéndose en distribución inapropiada de utilidades disfrazadas de gastos; el pago de gastos inapropiados en favor de terceros que no son familiares y que no son gastos de la empresa; gastos sin la debida documentación legal de respaldo y gastos que no corresponden a la empresa, disfrazado en cuentas normales de la empresa y que no condicen la naturaleza del gasto con la cuenta utilizada.
Según las investigaciones, durante esos años, los gastos indebidos en favor de familiares y terceros no socios ascienden a G 849.888.209; además de G 192.576.380 relacionados al monto evadido del IDU y sus accesorios legales.
De manera preliminar se computa un perjuicio patrimonial de G 1.042.464.589 entre los periodos 2022 hasta el mes de agosto del año 2024 bajo la administración de Ruotti.
Además se ha detectado una deuda en concepto de impuesto inmobiliario y tasas especiales, que ascienden a G 312.595.517, por incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de Nora Ruoti, según la imputación.
Así también, según la verificación realizada por el mismo, conforme a lo reportado en el libro de compras del año 2024, se pudo verificar que durante la administración de Nora Ruoti, la sociedad realizó pagos a empresa y persona vinculada a su persona, entre los cuales se mencionan Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L. y la misma, por un total de G 52.222.500.
Según la observación del denunciante, el abogado de la empresa Monomisy S.A. Víctor Mendoza, recibía una remuneración mensual, por lo que cualquier otro gasto en concepto de asesoría jurídica estaría duplicado.
Por otra parte, menciona la denuncia que los conceptos de alquiler, en algunas ocasiones emitido como Nora Ruoti y en otras como Emprendimientos Nora Ruoti SRL, no se identifica quien finalmente era el arrendatario del inmueble donde residía la oficina de la empresa.
Conforme surge de la auditoría administrativa-contable y tributaria, sumado a los hechos descritos en la denuncia, se tiene la sospecha preliminar de la existencia de perjuicios patrimoniales sufridos entre el año 2022 y agosto de 2024 que se distribuye de la siguiente manera:
- Gastos impropios según auditoría: G 1.042.464.589
- Impuestos acumulados: G 312.595.517
- Honorarios y gastos espurios: G 52.222.500.
- Alquileres no cobrados: G 214.422.085.
- Total del perjuicio: G 1.621.704.691





