En esa línea, se avanzó principalmente en la modificación del modelo centralizado de dirección, en el cual los ministerios sectoriales —según las normas— ejercen funciones de supervisión y control sobre las empresas, incluidas las sociedades anónimas con participación estatal. La intención fue concentrar la representación del Estado en una entidad única que actúe como accionista o reguladora.

Sin embargo, las empresas públicas continúan arrastrando serios problemas de gestión y deficiencias en la calidad de los servicios, generando externalidades negativas para la población. Las quejas ciudadanas son constantes, pero rara vez reciben respuestas eficientes, una realidad palpable en el día a día y señalada en estudios del Centro de Análisis de la Economía Paraguaya (CADEP).

A pesar de los cambios introducidos en la gobernanza y supervisión, el acceso a la información sigue siendo limitado. Existen, además, denominadores comunes en varias sociedades anónimas estatales: deficiente gestión, pérdidas financieras, sobrepoblación de funcionarios incorporados bajo criterios políticos y baja calidad en la prestación de servicios.

Caso Copaco

A partir de esta semana se analizará la gestión de las empresas estatales, comenzando por Copaco S.A., una entidad que refleja cómo la administración pública, en lugar de aprovechar oportunidades en un mercado altamente dinámico como el de las telecomunicaciones, perdió competitividad y hoy arrastra una deuda cercana a los USD 200 millones. Esta situación es resultado de años de ineficiencia, falta de planificación, decisiones cuestionadas y escasa visión estratégica.

La crisis ha sido tal que el interventor Óscar Stark ha gestionado sin éxito ante el Equipo Económico apoyo financiero y respaldo político para encarar reformas estructurales que permitan reflotar la empresa y evitar que el Estado quede completamente relegado en un sector estratégico.

Cabe recordar que cuando Copaco adquirió la telefónica Vox, esta contaba con una participación cercana al 15% del mercado. Actualmente, no alcanza el 3%, debido a la falta de inversión en redes e infraestructura, así como a deficiencias administrativas, comerciales y de gestión.

En el segmento de fibra óptica, la cuota de mercado también es reducida. La situación es tan crítica que el Estado se verá obligado a ceder al sector privado la explotación de la banda 5G, ya que Copaco no cuenta con capacidad financiera para encarar una inversión estratégica para la soberanía tecnológica del país. Esta realidad evidencia la falta de prioridad política otorgada al sector.

La sobrepoblación de funcionarios, el prolongado rezago en los ajustes tarifarios, la dificultad para acceder a financiamiento y la debilitada gestión habrían limitado la disponibilidad de recursos para inversión. En consecuencia, la empresa recurrió al endeudamiento para cubrir necesidades urgentes en los últimos años.

Reestructuración pendiente

El análisis de eficiencia muestra que la productividad del capital ha sido negativa durante largos períodos, lo que denota la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de la inversión. Ello implica también elevar la calificación de la mano de obra y modernizar la gestión.

Este patrón se observa en varias empresas y sociedades con participación estatal. La caída en la productividad del capital evidencia la urgencia de una reestructuración profunda que abarque no solo a las empresas, sino también al marco regulatorio, la planificación y los sistemas de supervisión.

Una reforma integral debería traducirse en un salto de calidad tecnológica y en mayores inversiones que mejoren la prestación de servicios y productos.

Con ese objetivo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas, instancia que hoy se encuentra relegada, tras perder protagonismo en la agenda económica y política.

La próxima semana se analizará el caso de la ANDE, a raíz del reciente apagón que afectó a gran parte del país.

El Nacional