Roberto González Vaesken, candidato a intendente de Ciudad del Este por la ANR, construyó su campaña sobre la premisa de una gestión limpia y transparente durante su periodo como gobernador del Alto Paraná entre 2018 y 2023. Aparentemente, olvidó que cuando era gobernador, en 2022, despilfarró unos G. 1.000 millones en combustibles para su fracasada campaña a la senaduría. Actualmente, también recurre a viejas prácticas coloradas, como repartir bolsos con productos de la canasta básica a personas de escasos recursos, buscando así captar votos.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 18 de diciembre de 2022, día de las elecciones internas coloradas. Documentos revelan que la Gobernación destinó aproximadamente G. 1.000 millones en combustible, recursos que habrían sido utilizados para gastos de transporte en la jornada electoral donde González Vaesken pretendía ser candidato a senador por su partido.

La factura fue emitida por la gasolinera “Che Róga Mi” de TRES J S.R.L., del emblema Petropar, cuya propietaria, María Nunila López, tiene antecedentes por lesión de confianza y estafa, y es señalada como amiga personal del entonces secretario de hacienda de la Gobernación, Antonio Duarte. Además, una semana después de las elecciones, la misma empresa emitió otra factura por G. 577.117.932, también a nombre de la institución departamental, totalizando más de G. 1.577 millones en combustible relacionados con esa jornada electoral.

Las denuncias apuntaban a un grupo de funcionarios de alto rango apodado el “cuatrinomio de oro”, compuesto por Antonio Duarte (secretario de hacienda), Clide Mereles (secretario de obras), José López (jefe interino de Recursos Humanos) y Carmelo Castillo (jefe de transporte). Según las acusaciones, este grupo manejaba un esquema sistemático de corrupción en la Gobernación.

El modus operandi consistía en emitir facturas por combustible que nunca era utilizado. Los funcionarios cobraban el dinero en efectivo por un monto inferior al facturado, permitiendo que la propietaria de la empresa se quedara con “su parte” mientras la porción mayor iba a los bolsillos de los integrantes del cuatrinomio. Otro funcionario mencionado es Castorino Insfrán, quien firmaba todas las guías para la carga de combustible.

OTROS NEGOCIADOS DE VAESKEN

Entre las denuncias adicionales figuran: Un convenio entre Itaipu Binacional y la Universidad Privada del Este (UPE), propiedad de la familia González Vaesken, por más de G. 2.615 millones para becas estudiantiles, privilegiando una institución privada sobre las universidades públicas de la zona que enfrentan restricciones presupuestarias. Contratos millonarios de publicidad beneficiando a Gerardo Daniel Samudio (Elite Producciones), señalado como “socio de tragos” del exgobernador.

Adjudicación de obras de asfaltado y empedrado en más de 12 puntos de Ciudad del Este, Franco, Los Cedrales, Hernandarias y otros lugares donde Vaesken tiene inversiones y propiedades personales. La empresa ALGEMA S.A., vinculada a Federico González, hijo del entonces gobernador, recibió aproximadamente G. 9.500 millones en licitaciones aprobadas por más de G. 14.000 millones, convirtiéndose en la “gran mimada” del gobierno departamental.

Pese a estas y otras denuncias, siempre hubo silencio cómplice de la Fiscalía Anticorrupción del Área X del Ministerio Público. La inacción fiscal ha permitido que los señalados como integrantes del “cuatrinomio de oro” y el propio González Vaesken permanezcan tranquilos e impunes. Vaesken contó durante su gestión con el respaldo de una mayoría de concejales departamentales, lo que impidió acusaciones formales serias en su momento. Ahora, como candidato a intendente, continúa atacando a sus adversarios mientras evita responder a las graves acusaciones que pesan sobre su administración.

La Clave