El grupo criminal, bien organizado, efectuaba el cobro en diversos estados del Brasil y después de recibir el pago en diversas formas, incluyendo vehículos e inmuebles, otro grupo criminal, compuesto por supuestos empresarios, asume la función de liquidar los bienes, normalmente con la compra y venta de vehículos. Para operar, todo este complejo esquema, innúmeros actos de lavado de dinero fueron realizados.

“La Operación “Collector” se desencadenó con el objetivo de desmantelar esta organización criminal especializada en el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos y otros delitos fronterizos. Se estima que la organización movilizó unos 200 millones de reales en cinco años”, señala un informe de la Receita Federal.

Se cumplieron 21 órdenes de búsqueda y aprehensión, 21 órdenes de secuestro y suspensión de actividades de seis empresas, ubicadas en las ciudades de Caarapó, Itaquirai y Mundo Nuevo, ubicados en el Estado de Mato Grosso do Sul.

DEUDAS

De las pruebas obtenidas durante la investigación se puede deducir que la organización criminal involucrada en el contrabando, principalmente de cigarrillos, contrataba a grupos de criminales especializados en realizar cobranza de deudas originadas tras la comisión de actos ilícitos.

Según las investigaciones, se formaron dos grupos distintos pero interconectados, cada uno con una clara especialización y su propia rama de actividad. De acuerdo al trabajo de investigación e inteligencia desplegado, tanto por la Receita Federal (Secretaría de ingresos fiscales) y la Policía Federal, el primero se encargaba de recaudar las cantidades obtenidas de la venta de cigarrillos, ya fuera en efectivo, vehículos o bienes raíces, a veces utilizando la violencia. En caso de éxito en el cobro, se transfiere el 20% aproximadamente de la cantidad recaudada. El segundo grupo era responsable de proporcionar todo lo relacionado a la logística, proporcionando vehículos para el uso de los “recolectores”, así como de vender automóviles que las organizaciones recibían también como parte de pago.

ANÁLISIS

A partir del análisis de datos fiscales y bancarios autorizados por los tribunales, fue posible identificar la intensa confusión financiera entre los bienes personales de los investigados y las personas jurídicas vinculadas a ellos.

Hay una cadena de personas involucradas directa e indirectamente en el blanqueo de activos. Según los datos, familiares y empleados de un concesionario de automóviles, así como otras personas interpuestas, fueron utilizados para blindar los activos y ocultar a los verdaderos beneficiarios de las actividades ilícitas.

“En la cantidad de cientos de millones de reales analizados, se identificó la circulación de valores incompatibles con la capacidad financiera de los titulares de estas cuentas bancarias. Estas personas, aunque vivían en las ciudades ubicadas en la región frontera entre Guaira y Foz de Yguzú, recibían valores de diferentes regiones del país, sin ninguna compensación fiscal, es decir, sin determinar el origen de los mismos”, señala el informe divulgado por la Receita Federal.